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- 28.11.2012
El Gobierno Nacional, contra el impuesto al combustible en la Ciudad, Córdoba y Buenos Aires
El Gobierno Nacional hizo explícito su desacuerdo con las iniciativas que contemplan la creación de un impuesto de entre 10 y 40 centavos por litro de nafta en algunas provincias y en la Ciudad, y advirtió sobre la posibilidad de acudir a la Justicia debido a que un tributo de ese tipo es competencia de la Nación. Así lo expresó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, al rechazar los intentos de las administraciones provinciales de gravar la venta de combustibles en sus jurisdicciones al admitir que el gobierno sigue la situación "con preocupación".
Luego que a fines de agosto la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo de gravar los combustibles, ahora Mauricio Macri quiere aumentar tributos a las naftas para hacerse cargo del subte, y también en los últimos días se sumó el gobernador Daniel Scioli y comunas del interior del país.
En tal sentido, Lorenzino rechazó la decisión del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, de arrogarse facultades que “la Constitución determina claramente a favor de la Nación”. "Al haber una inconstitucionalidad manifiesta en una norma el camino que debe recorrerse es el de la Justicia", aseveró el titular del Palacio de Hacienda.
El ministro afirmó que la misma situación comprende a la Ciudad de Buenos Aires y su pretensión de crear una tasa para subsidiar el servicio de Subterráneos, luego que la administración de Mauricio Macri anunció que se hará cargo del servicio a partir de enero próximo.
"Es flagrante la inconstitucionalidad de un impuesto de esa naturaleza”, insistió el titular de la cartera económica al entender que "el absurdo es tal que sólo podría compararse con una decisión del Gobierno nacional de cobrar el impuesto a patentes o inmobiliario urbano o rural” que perciben los distritos.
En la misma línea, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que no es una buena noticia "la creación de nuevos impuestos cada vez que una administración tiene el desafío de la concreción de una obra”. Randazzo se refirió de este modo al impuesto adicional de 10 centavos por litro que analiza aplicar la provincia de Buenos Aires para el mantenimiento de rutas.
“Teniendo en cuenta que se haría un impuesto a los combustibles que es distorsivo y regresivo, no tiene demasiado sentido”, dijo Randazzo, a lo que luego agregó que “hay que administrar eficientemente y fijar prioridades”.
A la iniciativa implementada por Córdoba y que se encuentra en proceso de análisis en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, también se podrían sumar intendentes del Gran Buenos Aires que tienen la intención de apelar al cobro de una tasa por cada litro de nafta que comercialice en sus distritos.
Carlos Acuña, Secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio, advirtió que de gravarse el combustible para recaudación provincial "los dueños de pequeña y media empresa se van a transformar en agente de retención" y "los recaudadores de ellos serían los trabajadores".
"En nuestro convenio colectivo de trabajo no figura nada que contemple por qué y cuál es la obligación y responsabilidad de los trabajadores de administrar un dinero que es municipal", dijo el dirigente gremial. Acuña sostuvo que, a su criterio, existe "un apresuramiento en cuanto a la legalidad y la forma en que se debería hacer" de parte de las provincias y las comunas que pretenden llevarlo a la práctica.
Luego que a fines de agosto la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo de gravar los combustibles, ahora Mauricio Macri quiere aumentar tributos a las naftas para hacerse cargo del subte, y también en los últimos días se sumó el gobernador Daniel Scioli y comunas del interior del país.
En tal sentido, Lorenzino rechazó la decisión del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, de arrogarse facultades que “la Constitución determina claramente a favor de la Nación”. "Al haber una inconstitucionalidad manifiesta en una norma el camino que debe recorrerse es el de la Justicia", aseveró el titular del Palacio de Hacienda.
El ministro afirmó que la misma situación comprende a la Ciudad de Buenos Aires y su pretensión de crear una tasa para subsidiar el servicio de Subterráneos, luego que la administración de Mauricio Macri anunció que se hará cargo del servicio a partir de enero próximo.
"Es flagrante la inconstitucionalidad de un impuesto de esa naturaleza”, insistió el titular de la cartera económica al entender que "el absurdo es tal que sólo podría compararse con una decisión del Gobierno nacional de cobrar el impuesto a patentes o inmobiliario urbano o rural” que perciben los distritos.
En la misma línea, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que no es una buena noticia "la creación de nuevos impuestos cada vez que una administración tiene el desafío de la concreción de una obra”. Randazzo se refirió de este modo al impuesto adicional de 10 centavos por litro que analiza aplicar la provincia de Buenos Aires para el mantenimiento de rutas.
“Teniendo en cuenta que se haría un impuesto a los combustibles que es distorsivo y regresivo, no tiene demasiado sentido”, dijo Randazzo, a lo que luego agregó que “hay que administrar eficientemente y fijar prioridades”.
A la iniciativa implementada por Córdoba y que se encuentra en proceso de análisis en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, también se podrían sumar intendentes del Gran Buenos Aires que tienen la intención de apelar al cobro de una tasa por cada litro de nafta que comercialice en sus distritos.
Carlos Acuña, Secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio, advirtió que de gravarse el combustible para recaudación provincial "los dueños de pequeña y media empresa se van a transformar en agente de retención" y "los recaudadores de ellos serían los trabajadores".
"En nuestro convenio colectivo de trabajo no figura nada que contemple por qué y cuál es la obligación y responsabilidad de los trabajadores de administrar un dinero que es municipal", dijo el dirigente gremial. Acuña sostuvo que, a su criterio, existe "un apresuramiento en cuanto a la legalidad y la forma en que se debería hacer" de parte de las provincias y las comunas que pretenden llevarlo a la práctica.
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