Laura Musa: “los chicos participaron con mucha madurez”

Su intervención en el conflicto entre el Ministerio de Educación y los estudiantes secundario permitió abrir un canal de diálogo que concluyó con el levantamiento de las tomas. Laura Musa, Asesora Tutelar porteña, le contó a Nueva Ciudad cómo fue ese proceso y cómo se imagina que puede seguir.

¿Cuál es el balance de la intervención de la Asesoría Tutelar en el conflicto de las escuelas tomadas?

Así como hay una defensa pública, que atiende a las personas que no tienen abogado particular, hay un área de la justicia que es la Asesoría Tutelar que comprende la defensa de los derechos de las personas menores de edad. En todas las causas judiciales en las que hay un menor de edad, tiene que intervenir un asesor tutelar. En las causas extrajudiciales, también puede hacerlo. Avanzado el conflicto de las escuelas tomadas, surgió una instancia judicial: en el juzgado de la jueza Liberatori se presentó la defensa pública patrocinando a diputados del Frente para la Victoria, de Proyecto Sur, y los sindicatos, por un lado, y en frente, como demandado, el Ministerio de Educación. Todos estos adultos hablaban en nombre de los derechos de los estudiantes, pero la verdad es que, cuando los estudiantes quisieron decir algo en esa audiencia judicial, les dijeron que no eran parte; de hecho, no son parte en ese expediente judicial. Como no entendían esto de que no fueran parte, vinieron a nosotros, para que los asesoremos. Le dijimos que en ese juicio se estaban discutiendo temas de ellos, pero no con ellos. Y ahí apareció uno de los roles que tenemos, que es el de la protección de un derecho, garantizado por todas las convenciones internacionales, fundamentalmente por la de los Derechos del Niño,  que es el derecho a la participación, pero no a cualquier participación, sino a una libre de intromisiones de adultos, por ejemplo. Si decimos que el Ministerio de Educación va a imponer una reforma que no ha tenido en cuenta a los estudiantes, y los estudiantes quieren ser parte de esa discusión, la verdad es que tienen un derecho legítimo a participar de todos aquellos temas en los que son parte. Ahí imaginamos una mesa de diálogo entre los estudiantes y el Ministerio.

¿Cómo fue el trabajo en esa mesa?

La verdad es que no aceptamos imposiciones de ningún tipo; los estudiantes no podían imponer quién iba del Ministerio, por ejemplo; sí tenían que ir funcionarios con alguna capacidad de decisión, claro. Y tampoco en Ministerio podía decir cómo tenía que ser la representación estudiantil. Y no dejamos participar ni a la Defensoría del Pueblo, ni a los gremios, ni a los padres, que vinieron a la última reunión, y no pudieron entrar, porque el único rol que nos animaba ahí era la defensa de este derecho a la participación de los chicos, que es sutil, que a veces se los trasgrede, se habla en nombre de los menores de edad, siempre tratando de defenderlos, y por su bien, pero la verdad es que la voz de ellos es muy difícil que sea escuchada y tenida en cuenta. Y los estudiantes también tienen que saber que cualquier tipo de participación debe ser una participación con reglas. Uno no va a discutir diciendo como premisa que la opinión de uno debe ser vinculante u obligatoria para la otra parte, porque esa es la negación misma del diálogo. Me pareció que fue un ámbito de trabajo, que sirvió, y en ese sentido estamos contentos de haber puesto un equipo de la asesoría que trabajó dando fe de cada pequeño acuerdo que se iba dando, para no retroceder. Finalmente, se llegó a un contexto en el que, sin estar completamente conformes las partes, claro, los estudiantes, absolutamente libres de toda libertad, decidieron firmar un acta en la que se comprometían a convocar al levantamiento de las tomas. Por otro lado, el Ministerio cedió, realmente, en algunas cosas, más operativas que de fondo, es cierto, pero, por ejemplo, aclaró que cuando dice “comunidad educativa” está incluyendo a los estudiantes y se postergó durante todo este año el debate, además. Este es el espacio de defensa de la participación genuina al que apostamos y que ojalá sirva en el futuro como mecanismo de trabajo.

El tema del derecho a la participación de los adolescentes está a la orden del día. ¿Cómo los vio en el ejercicio de ese derecho?

Los vi, por supuesto que con las características de la edad, con una enorme madurez. En el sentido de que, si eran ser mucho más contestatarios en las asambleas, llevando al máximo los reclamos y las medidas de lucha, sin embargo, puestos en la mesa, y sin traicionarse, podían aceptar que había ámbitos más institucionales, con reglas que respetar, sobre las que no hicieron un cuestionamiento permanente, haciendo de todo una cuestión de principios, cosa que a veces pasa en debates de adultos, donde no se habla con tal o cual. Lo que yo vi, aun sin coincidir muchas veces con las posiciones que ellos tenían, me pareció un ejercicio muy maduro de muchos de ellos. Claro que algunos parecían revivir en la agudización del conflicto, pero la mayoría trataba de encontrar una salida al conflicto, no de hacerlo perdurar.

El Gobierno de la Ciudad necesitó una medida judicial para sentarse a dialogar. ¿Cómo evaluá  su  desempeño en este caso y, en general, en lo que respecta a la garantía de derechos de los chicos?  

Son dos temas distintos. La garantía de derechos, a veces, está muy ausente en el Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de la salud mental, en las instituciones donde los chicos viven, temas en los que hay problemas de garantía de derechos en general, no solo en el de la participación, del que venimos hablando. En este ámbito no fue así, contrariamente a lo que todos pueden pensar, porque el ámbito que nosotros planteamos fue aceptado inmediatamente por el Ministerio de Educación, y por los chicos, sin limitaciones. Estuvo la primera línea del ministerio, no el ministro, claro, de todas las especialidades en conflicto, con capacidad de decisión. No fue un entretenimiento. No se qué hubiera pasado, claro, si no hubiera existido la movilización que existió, seguramente hubiera sido menos el nivel de respuesta. Pero eso ya estaba dado, y me pareció que la respuesta del gobierno fue bastante ubicada. Quizás no habría que haber llegado a este escenario, claro. Por ejemplo, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño, y miremos el nombre que tiene, no intervino. La garantía de la participación debería haber estado defendida, primero que nada, por este organismo, y estuvo ausente.

Digamos que respondieron a la convocatoria, pero no tuvieron iniciativa propia.

Pude ser, pero nos pareció que, antes que criticar al resto del gobierno, lo propositivo era abrir este espacio y continuarlo, porque no es fácil. Esto puede tener retrocesos, pensemos que va a haber una serie de encuentros en los que seguramente habrá divergencias. Yo estoy armando algo, hablando con el ministerio y con los estudiantes en el sentido de que, si uno va a una asamblea, a un encuentro, en el que sabe que no va a haber acuerdo, tiene que imaginar mecanismos de solución para los conflictos. No es la vía directa siempre lo que resuelve, cuando no se está de acuerdo. Una   de las cosas básicas es que, cuando alguien da una respuesta negativa a una propuesta, esa respuesta tiene que ser fundada, y esa es una obligación de la administración, la de garantizar una especie de “debido proceso” en cada debate. Y esta es una experiencia que debería servir para las otras jurisdicciones, porque también van a tener que pasar por esta instancia de reformas, y ahí aparecerán los mismos planteos. Esperamos que esta experiencia se pueda replicar.