El Gobierno de la Ciudad recauda 2600 millones de pesos por año para el subte, pero no los usa

Una ley votada en 1987 destina parte de lo recaudado por los distintos impuestos que se cobran en la Ciudad de Buenos Aires al fortalecimiento de la red de subterráneos. Se calcula que, este año, se recaudarán por ese mecanismo unos 2600 millones de pesos. Sin embargo, frente al reverdecido conflicto por el traspaso del subte a raíz de la de decisión de Metrovías  de retirar del servicio 20 trenes, por falta de mantenimiento, el principal argumento del gobierno porteño para no asumir el control de los subtes sigue siendo que no tiene fondos para hacerse cargo de las obras que serían necesarias para garantizar la buena prestación del servicio, aunque tampoco utiliza ese dinero.

Un informe que publica hoy la agencia Telam da cuenta de la existencia de esa ley, del monto estimado de la recaudación por ese concepto para este año y de la forma en que se compone el tributo: el “Fondo permanente para la ampliación del subterráneo” está conformado por una contribución territorial por "cercanía", que pagan en la tasa de ABL todos aquellos habitantes que viven en un radio de 400 metros de alguna estación del subte, que es un 2,4% sobre el total del impuesto. Además, lo integran un 10% del total de lo recaudado por el impuesto a los automotores (patentes); el 0,03% de la contribución por "mejoras" que pagan los propietarios de inmuebles comprendidos dentro de la zona influencia antes mencionada; y el 5% de la facturación de Autopistas Urbanas (AUSA). Según calcula el informe, cada habitante de la Ciudad paga, por año, cerca de 1000 pesos para la ampliación de los subtes, que el gobierno porteño no usa. Si se considera que solamente pagan el tributo quienes están cerca de alguna estación, la cifra por vecino es todavía más alta.

El gobierno porteño y el de la nación firmaron en enero pasado un acta acuerdo para el traspaso de la administración de los subtes a la órbita comunal, que debería haberse realizado 90 días después de sellado ese acuerdo. Sin embargo, el gobierno porteño ha desconocido el valor de esa acta y se niega a tomar cuenta de los subtes, hasta tanto, argumentan, el gobierno nacional haga las inversiones que eventualmente se habría comprometido a hacer.

Por su parte, sin embargo, el ejecutivo nacional sí continuó depositando el 50 por ciento del subsidio que se destinaba al servicio antes del acuerdo, es decir, unos 30 millones de pesos por mes, que la administración comunal tampoco utilizó. Por decisión del Gobierno de la Ciudad, la tarifa de subte pasó, el día siguiente de firmada el acta a costar 2 pesos con 50, un 127 por ciento más caro que la tarifa anterior.