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- 27.06.2012
Avanza en diputados el traspaso de los fondos judiciales del Banco Ciudad al Nación
Las comisiones de Justicia y de Finanzas de la Cámara de Diputados emitieron ayer dictamen para el proyecto de la diputada kirchnerista Diana Conti, que establece que los depósitos judiciales a partir de la sanción de la ley serán depositados en el Banco Nación y no en el Banco Ciudad, como ocurre en la actualidad. La norma no transferirá los fondos que ya estén en el Banco Ciudad y que se calculan en 6800 millones de pesos. Los trabajadores de la entidad bancaria, así como sus directivos y funcionarios del gobierno porteño, se mostraron en contra de la iniciativa.
En una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Finanzas de la Cámara baja, el kirchnerismo consiguió las firmas para emitir un dictamen de mayoría que podrá ser llevado al recinto. Obtuvo 28 firmas sobre las 62 de los diputados que integran esas comisiones. El resto firmó otros tres dictámenes de minoría del FAP, la UCR y del PRO.
“Esta ley puede ser tachada de inconstitucional hasta por la AFA”, consideró Jorge Yoma, que firmó uno de los dictámenes de minoría. “No puedo entender que un gobierno que se dice nacional y popular no piense en los trabajadores, en la angustia que padecen ante la posibilidad de perder su empleo”, afirmó la diputada del FAP Liliana Parada.
El acuerdo de que los fondos actuales permanecerán en el Banco Ciudad no conformó a los macristas. “En lugar de una bomba, nos demuelen con pico y pala. Calculamos que esta ley le drenaría al Banco Ciudad 1200 millones por año”, sostuvieron en el Banco porteño.
“El agente natural financiero es el Banco Nación, porque la Justicia nacional está solventada en toda su estructura, e incluso en las jubilaciones de sus trabajadores, por el Tesoro nacional”, argumentó Conti, quien señaló que “los trabajadores del Banco Ciudad piensan que podría ser privatizado, porque ésa es la política del jefe de Gobierno y a lo mejor estén usando este argumento de los depósitos judiciales como excusa para realizarla”.
Por su parte, el diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller –que acompañó el proyecto de Conti– indicó que “el Banco Ciudad destina 5000 millones de pesos a grandes empresas como Peugeot, Falabella, y otras que no tienen asiento en la ciudad, y que se podrían redireccionar sin perjudicar a los trabajadores y usuarios, salvo que haya una intención política de que eso pase”.
En una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Finanzas de la Cámara baja, el kirchnerismo consiguió las firmas para emitir un dictamen de mayoría que podrá ser llevado al recinto. Obtuvo 28 firmas sobre las 62 de los diputados que integran esas comisiones. El resto firmó otros tres dictámenes de minoría del FAP, la UCR y del PRO.
“Esta ley puede ser tachada de inconstitucional hasta por la AFA”, consideró Jorge Yoma, que firmó uno de los dictámenes de minoría. “No puedo entender que un gobierno que se dice nacional y popular no piense en los trabajadores, en la angustia que padecen ante la posibilidad de perder su empleo”, afirmó la diputada del FAP Liliana Parada.
El acuerdo de que los fondos actuales permanecerán en el Banco Ciudad no conformó a los macristas. “En lugar de una bomba, nos demuelen con pico y pala. Calculamos que esta ley le drenaría al Banco Ciudad 1200 millones por año”, sostuvieron en el Banco porteño.
“El agente natural financiero es el Banco Nación, porque la Justicia nacional está solventada en toda su estructura, e incluso en las jubilaciones de sus trabajadores, por el Tesoro nacional”, argumentó Conti, quien señaló que “los trabajadores del Banco Ciudad piensan que podría ser privatizado, porque ésa es la política del jefe de Gobierno y a lo mejor estén usando este argumento de los depósitos judiciales como excusa para realizarla”.
Por su parte, el diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller –que acompañó el proyecto de Conti– indicó que “el Banco Ciudad destina 5000 millones de pesos a grandes empresas como Peugeot, Falabella, y otras que no tienen asiento en la ciudad, y que se podrían redireccionar sin perjudicar a los trabajadores y usuarios, salvo que haya una intención política de que eso pase”.
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