La Ciudad denunció a Tomada por "privación ilegal de la libertad" contra PIccardo

La Procuración de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por llevar con la policía a Juan Pablo Piccardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires a una reunión para resolver el conflicto salarial en ese medio de transporte.

La denuncia por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad agravada también incluyó al subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, Adrián Caneto, y quedó radicada en el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 10 a cargo de Julián Ercolini.

En la misma presentación, Piccardo solicitó un habeas corpus para que la situación no se repitiera este lunes, cuando estaba convocada otra reunión y fuera garantizado su "derecho de libre circulación". El episodio que desembocó en la denuncia ocurrió el miércoles pasado, cuando el Gobierno nacional utilizó la fuerza pública para que Piccardo asistiera a una reunión paritaria entre Metrovías y el gremio de los trabajadores del subte en la sede de la cartera laboral.

En esa oportunidad, Piccardo accedió a ir manejando su automóvil, aunque la policía lo escoltó desde la sede de Sbase, en Agüero 48, hasta la cartera laboral, en Callao al 100, donde se sentó en la mesa de negociación pero, según explicó, lo único que hizo fue repetir la postura del Gobierno porteño.

"La Ciudad no tiene por qué participar porque no es parte de las paritarias, me forzaron a participar de la audiencia que nosotros no teníamos que estar", recordó en declaraciones televisivas el titular de Sbase, el organismo de la Ciudad encargado del control del cumplimiento del contrato de concesión con Metrovías.

"Presenté un habeas corpus para pedir que se garantice mi derecho de circulación", indicó Piccardo, sobre su presentación ante la Justicia, que recayó en el juzgado de Instrucción Nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Fernando Klappenbach.

En los fundamentos de la denuncia contra Tomada y Caneto, la Ciudad aseguró que los funcionarios nacionales impartieron "una orden cuando no existía motivo jurídicamente valedero para fundar tal directiva" y que además lo hicieron sin recurrir a un juez que autorizase el pedido.

Asimismo, recordó que el pasado 3 de mayo, Sbase presentó una nota en que "se explicaron nuevamente las razones por las cuales no correspondía la asistencia a dicha convocatoria" por cuanto "el organismo convocante carece de facultades legales para citar a la mencionada sociedad del Estado a una negociación salarial en la que no es parte, y, menos aún, haciéndolo con apercibimiento de sanciones o bajo la amenaza del uso de la fuerza pública".

"La citación de Piccardo y (el ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel) Chaín constituye una decisión ilegítima y carente de toda razonabilidad y si además lo hace eludiendo el propio mecanismo estatuido en la ley, es decir a través del reclamo en sede judicial para lograr su intervención, mucho más grave es la situación", aseguró la Procuración de la Ciudad.

Y concluyó: "Si para lograr el concurso se recurre a otra disposición, claramente foránea a la cuestión que se ventila, para justificar el empleo de auxilio de la fuerza pública, nos hallamos evidentemente ante una flagrante comisión del delito denunciado, conducta delictiva que debe investigarse y de la que prima facie aparecen responsables tanto el ministro de Trabajo y el subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo".