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- 09.04.2012
Una jueza ordenó dar asistencia directa a las villas y asentamientos afectadas por la tormenta
La jueza Fabiana Schafrik hizo lugar a un pedido del Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, y ordenó al gobierno porteño que brinde asistencia directa "en un plazo de 24 horas" a los habitantes de las villas 21/24, Fátima, Los Pinos, 15, 1-11-14, y a los asentamientos Magaldi y Zavaleta, afectados por la tormenta del miércoles.
La jueza respondió de ese modo a la presentación hecha por Kestelboim, quien denunció que la atención del gobierno porteño a los habitantes afectados por la tormenta fue "tardía, descoordinada e insuficiente" y reclamó medidas "urgentes" para "garantizar el derecho a la vida y la salud" de la población.
Tras constatar la denuncia del Defensor General, la jueza ordenó que en el plazo de 24 horas "los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Público y Justicia y Seguridad realicen los relevamientos urgentes sobre el riesgo edilicio y provean los materiales necesarios para reconstruir viviendas".
Asimismo, ordenó que "el Ministerio de Desarrollo Social provea colchones, frazadas, alimentos y resuelva las situaciones de emergencia habitacional derivadas del temporal", y que "el Ministerio de Desarrollo Económico, mediante la UGIS (Unidad de Gestión e Integración Social), controle el riesgo eléctrico y provea agua potable en caso de ser necesario".
Kestelboim había presentado un recurso judicial para reclamar que el gobierno porteño haga un relevamiento "urgente" en barrios vulnerables afectados por la tormenta, y atienda a los pobladores garantizando el suministro de electricidad y agua potable, así como "elementos indispensables para afrontar la emergencia".
"Se ha podido verificar in situ que la asistencia brindada por el GCBA ha sido tardía, descoordinada e insuficiente, constituyéndose en una grave omisión de sus deberes de resguardo de la vida y la salud de los habitantes, particularmente de los más vulnerables", afirmó el Defensor de la Ciudad en su pedido judicial.
La presentación, señaló Kestelboim, obedeció a que consideró "afectados derechos y garantías de rango constitucional, en particular el derecho a la vida y a la salud", que se encuentran "amenazados o segados por el fenómeno meteorológico de la noche del 4 de abril de 2012".
El escrito al que hizo lugar la jueza, pedía que "se ordene" al gobierno porteño que, a través de distintos ministerios, se releve situaciones como "riesgos de derrumbe", así como falta de "elementos indispensables para afrontar la emergencia", y garantice el suministro de electricidad y agua potable "en el plazo perentorio de 24 horas".
Kestelboim mencionó taxativamente la situación "de las Villas 21/24, Villa Fátima, Villa Los Pinos, Villa 15, Villa 1-11-14, Asentamiento Magaldi, Villa Lacarra, Villa Carrillo, Villa Escarpino, NHT Zavaleta y del Complejo Habitacional ubicado en Portela entre Av. Castañares y Lafuente, apuntalando los inmuebles en peligro".
La presentación recordaba que como Defensor General "tiene aptitud para interponer la presente acción" en virtud de lo establecido "en el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad", y deja planteada la "reserva del caso federal", ya que "se estarían vulnerando derechos constitucionales tales como la vida y la salud.
Reclamó, entre otras medidas, cortar "los árboles cuya inestabilidad amenaza afectar a los mismos" y adoptar "todas las medidas necesarias para resguardar la vida e integridad física y proporcionarles materiales como cemento, arena, ladrillos, tirantes, chapas y membranas, etc, para que puedan reparar sus viviendas".
También solicitó al Ministerio de Desarrollo Social porteño que "provea de elementos indispensables para afrontar la emergencia que padecen esos habitantes, proporcionándoles colchones, frazadas, alimentos, etc, que sean necesarios para hacer frente a la emergencia social".
Kestelboim señaló que "la medida que se solicita al Juzgado, se compadece con la real y concreta situación de vulnerabilidad que padecen los habitantes de las villas y asentamientos mencionados y la grave e irreparable consecuencia que puede ocasionar un proceder distinto, ya que se los expone al riesgo de integridad física o incluso la vida".
La jueza respondió de ese modo a la presentación hecha por Kestelboim, quien denunció que la atención del gobierno porteño a los habitantes afectados por la tormenta fue "tardía, descoordinada e insuficiente" y reclamó medidas "urgentes" para "garantizar el derecho a la vida y la salud" de la población.
Tras constatar la denuncia del Defensor General, la jueza ordenó que en el plazo de 24 horas "los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Público y Justicia y Seguridad realicen los relevamientos urgentes sobre el riesgo edilicio y provean los materiales necesarios para reconstruir viviendas".
Asimismo, ordenó que "el Ministerio de Desarrollo Social provea colchones, frazadas, alimentos y resuelva las situaciones de emergencia habitacional derivadas del temporal", y que "el Ministerio de Desarrollo Económico, mediante la UGIS (Unidad de Gestión e Integración Social), controle el riesgo eléctrico y provea agua potable en caso de ser necesario".
Kestelboim había presentado un recurso judicial para reclamar que el gobierno porteño haga un relevamiento "urgente" en barrios vulnerables afectados por la tormenta, y atienda a los pobladores garantizando el suministro de electricidad y agua potable, así como "elementos indispensables para afrontar la emergencia".
"Se ha podido verificar in situ que la asistencia brindada por el GCBA ha sido tardía, descoordinada e insuficiente, constituyéndose en una grave omisión de sus deberes de resguardo de la vida y la salud de los habitantes, particularmente de los más vulnerables", afirmó el Defensor de la Ciudad en su pedido judicial.
La presentación, señaló Kestelboim, obedeció a que consideró "afectados derechos y garantías de rango constitucional, en particular el derecho a la vida y a la salud", que se encuentran "amenazados o segados por el fenómeno meteorológico de la noche del 4 de abril de 2012".
El escrito al que hizo lugar la jueza, pedía que "se ordene" al gobierno porteño que, a través de distintos ministerios, se releve situaciones como "riesgos de derrumbe", así como falta de "elementos indispensables para afrontar la emergencia", y garantice el suministro de electricidad y agua potable "en el plazo perentorio de 24 horas".
Kestelboim mencionó taxativamente la situación "de las Villas 21/24, Villa Fátima, Villa Los Pinos, Villa 15, Villa 1-11-14, Asentamiento Magaldi, Villa Lacarra, Villa Carrillo, Villa Escarpino, NHT Zavaleta y del Complejo Habitacional ubicado en Portela entre Av. Castañares y Lafuente, apuntalando los inmuebles en peligro".
La presentación recordaba que como Defensor General "tiene aptitud para interponer la presente acción" en virtud de lo establecido "en el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad", y deja planteada la "reserva del caso federal", ya que "se estarían vulnerando derechos constitucionales tales como la vida y la salud.
Reclamó, entre otras medidas, cortar "los árboles cuya inestabilidad amenaza afectar a los mismos" y adoptar "todas las medidas necesarias para resguardar la vida e integridad física y proporcionarles materiales como cemento, arena, ladrillos, tirantes, chapas y membranas, etc, para que puedan reparar sus viviendas".
También solicitó al Ministerio de Desarrollo Social porteño que "provea de elementos indispensables para afrontar la emergencia que padecen esos habitantes, proporcionándoles colchones, frazadas, alimentos, etc, que sean necesarios para hacer frente a la emergencia social".
Kestelboim señaló que "la medida que se solicita al Juzgado, se compadece con la real y concreta situación de vulnerabilidad que padecen los habitantes de las villas y asentamientos mencionados y la grave e irreparable consecuencia que puede ocasionar un proceder distinto, ya que se los expone al riesgo de integridad física o incluso la vida".
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