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- 16.03.2012
Un grupo de 130 padres presenta una medida cautelar contra el cierre de cursos en la Ciudad
Un grupo de 130 padres junto a la defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, presentaron una medida de no innovar para impedir el cierre de 221 cursos de las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, ya que consideran que esa decisión es "improvisada y extemporánea".
La medida, que lleva casi 5000 firmas de adhesión, fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Número 8, a cargo de Osvaldo Otheguy, ante la secretaría 16. La presentación judicial solicita que la disposición 15/2012 "se retrotraiga al 28 de febrero para que sea estudiada por toda la comunidad educativa”, explicó Muñiz, quien también es docente.
Muñiz señaló que la medida del gobierno porteño “no tiene estudio previo y se basa en el decreto 1990/97", por lo que consideró que "es inadmisible, porque estamos en período de inscripción y esta medida no se puede llevar adelante si no sabemos qué cantidad de chicos quedan en cada curso”.
“Como docente me solidarizo y acompaño esta medida porque la calidad de educación no se basa en el hacinamiento de chicos en un grado: cuando menor es la cantidad mejor es la calidad educativa” resaltó.
En tanto, Ernesto Golomb, miembro de la cooperadora de la escuela Manuel Lainez, consideró que “hay una historia previa que para que se llegue a una matrícula de 10 chicos por curso, como ellos dicen, entonces tenemos que ver qué hizo el Gobierno de la Ciudad durante estos últimos tres años”.
El texto firmado por los padres indica que la disposición “representa un avasallamiento a la educación pública, atento que se pone en marcha una medida restrictiva, sin el debido estudio previo y comenzado el ciclo escolar”.
Agrega que la disposición es “improvisada, extemporánea, arbitraria e inconsulta” porque nunca se consultó a la dirección de las escuelas afectadas ni se realizó un estudio previo, analizando cada uno de los casos particularmente y ni se efectuaron reuniones consultivas con los docentes y padres de los alumnos”.
El escrito señala que tampoco se tuvo en cuenta “el caso de los padres que tienen más de un hijo en edad escolar, y que por consiguiente concurren al mismo establecimiento, representando en muchos casos que uno de los chicos se quede en ese colegio y el otro sea destinado a otro establecimiento que puede quedar alejado, con el mismo o diferente horario de salida, provocando una evidente alteración familiar”
Muñiz consideró que la medida tampoco priorizó que hay alumnos “que presentan diferentes niveles de aprendizaje” y dijo que no se consideró “que muchos de los cursos que se cerrarán en escuelas técnicas, corresponden a turnos vespertinos y noche, que precisamente son elegidos por alumnos que trabajan”.
La presentación judicial advierte que “la Educación pública no tiene un fin económico o comercial que lo amerite, no es cuestión de reducir costos indiscriminadamente afectando arbitrariamente a los beneficiarios”
La medida, que lleva casi 5000 firmas de adhesión, fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Número 8, a cargo de Osvaldo Otheguy, ante la secretaría 16. La presentación judicial solicita que la disposición 15/2012 "se retrotraiga al 28 de febrero para que sea estudiada por toda la comunidad educativa”, explicó Muñiz, quien también es docente.
Muñiz señaló que la medida del gobierno porteño “no tiene estudio previo y se basa en el decreto 1990/97", por lo que consideró que "es inadmisible, porque estamos en período de inscripción y esta medida no se puede llevar adelante si no sabemos qué cantidad de chicos quedan en cada curso”.
“Como docente me solidarizo y acompaño esta medida porque la calidad de educación no se basa en el hacinamiento de chicos en un grado: cuando menor es la cantidad mejor es la calidad educativa” resaltó.
En tanto, Ernesto Golomb, miembro de la cooperadora de la escuela Manuel Lainez, consideró que “hay una historia previa que para que se llegue a una matrícula de 10 chicos por curso, como ellos dicen, entonces tenemos que ver qué hizo el Gobierno de la Ciudad durante estos últimos tres años”.
El texto firmado por los padres indica que la disposición “representa un avasallamiento a la educación pública, atento que se pone en marcha una medida restrictiva, sin el debido estudio previo y comenzado el ciclo escolar”.
Agrega que la disposición es “improvisada, extemporánea, arbitraria e inconsulta” porque nunca se consultó a la dirección de las escuelas afectadas ni se realizó un estudio previo, analizando cada uno de los casos particularmente y ni se efectuaron reuniones consultivas con los docentes y padres de los alumnos”.
El escrito señala que tampoco se tuvo en cuenta “el caso de los padres que tienen más de un hijo en edad escolar, y que por consiguiente concurren al mismo establecimiento, representando en muchos casos que uno de los chicos se quede en ese colegio y el otro sea destinado a otro establecimiento que puede quedar alejado, con el mismo o diferente horario de salida, provocando una evidente alteración familiar”
Muñiz consideró que la medida tampoco priorizó que hay alumnos “que presentan diferentes niveles de aprendizaje” y dijo que no se consideró “que muchos de los cursos que se cerrarán en escuelas técnicas, corresponden a turnos vespertinos y noche, que precisamente son elegidos por alumnos que trabajan”.
La presentación judicial advierte que “la Educación pública no tiene un fin económico o comercial que lo amerite, no es cuestión de reducir costos indiscriminadamente afectando arbitrariamente a los beneficiarios”
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