La Agencia Gubernamental de Control desmintió protección a los locales de Martins

La Agencia Gubernamental de Control desmintió, a través de un comunicado de prensa, que haya eludido inspeccionar los locales atribuidos a Raúl Martins, el presunto proxeneta denunciado por su propia hija, a quien se relacionó con el financiamiento de la campaña de Mauricio Macri a cambio, claro, de la impunidad para sus actividades en la Ciudad.

El comunicado de la AGC aclara que “los cinco locales que fueron denunciados recientemente como exentos de inspección por parte del Gobierno de la Ciudad fueron fiscalizados en19 oportunidades en el último año. Un promedio de 4 veces cada local.” Los locales, sobre los que pesa la denuncia de trata de personas formulada por la propia hija de Martins, son   Top Secret (Artigas 1438), Hot Area (Juan B. Justo 5302) , Anchorena (Anchorena 1119) , Oba-Oba (Av,Rivadavia 3434) y Brut (Vicente Lopez 2257); según aclara el organismo de control, se encuentran “habilitados bajo los rubros de café bar y/o restaurante cantina”. “En los lugares mencionados se labraron actas por infracciones tales como: ausencia de certificado de fumigación, cables expuestos, faltas de higiene en baños, otras”, agrega, además, el comunicado.

No obstante ello, la AGC puntualizó que “no tiene facultades administrativas y legales para actuar en un supuesto delictual como seria la figura de trata de personas, que corresponde a la Justicia federal”, por lo que el presunto delito que Lorena Martins denunció no estaría dentro de sus competencias. “Se observa entonces que el marco legal de actuación en el que se desarrolla el poder de policía de la AGC, es claramente limitado, ya que clausura por faltas y no tiene capacidad legal para determinar si hay o no delito. La justicia debiera ser la que impulse las sanciones definitivas en estos locales impidiendo que vuelvan a abrir, esta facultad no la tiene el Ejecutivo”, concluye la comunicación.