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- 22.12.2011
Santiago Pusso, de Basta de Demoler: “Hay inacción del gobierno en su deber de preservar el patrimonio”
La ONG Paren de demoler viene alertando sobre el riesgo en que están muchos edificios históricos de la ciudad, a merced del negocio inmobiliario. Hoy a la tarde realizaron una concentración frente a la vieja Confitería del Molino – que el macrismo anunció que quiere salvar -, por la caída de una ley que protege el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires. Nueva Ciudad conversó con Santiago Pusso, su vicepresidente.
¿Cuál es el motivo de la movilización de hoy?
Hoy nos hemos juntado varias organizaciones porque queríamos hacer pública una presentación que vamos a hacer mañana en la justicia, pidiendo amparo por una cantidad de edificios que el Gobierno de la Ciudad, junto con la Legislatura, en la que en este momento tiene mayoría el macrismo, desprotege a partir de la caída de la ley 2548 que, hasta fin de año, resguarda unos 140 mil edificios, los que son anteriores a 1094, muchos de los cuales tienen valor histórico, que a partir de la caída de la ley se pueden demoler sin ninguna restricción.
¿Qué relación le encuentran a la caída de la ley con lo que se conoce como el “boom inmobiliario”?
Vemos que hay una inacción muy importante del gobierno en su deber constitucional de preservar el patrimonio arquitectónico. Evidentemente, hay una relación porque, por otro lado, hoy se estuvo intentado tratar el megaproyecto imnobiliario en lo que era la ciudad deportiva de Boca, que es un gran negocio inmobiliario. Hay una relación entre la falta de interés en proteger el patrimonio y una especie de luz verde a los proyectos inmobiliarios de la ciudad, que lo que están haciendo, por la falta de control, es destruir la identidad de Buenos Aires.
¿Tienen identificados algunos edificios puntuales que puedan estar en riesgo?
En Buenos Aires hay solamente 2800 edificios catalogados, los que son muy pocos en proporción a la cantidad de edificios de valor que tiene la Ciudad. Por ejemplo, en Nueva York, hay 20 mil edificios catalogados. Todo el resto de los edificios, están en riesgo. No se puede establecer el número, justamente porque el mismo gobierno no hizo el relevamiento para determinar cuáles son los edificios de valor. De ahí que todos los edificios que tiene valor, excepto esos que están catalogados, están en riesgo de caer. Estamos hablando tanto de edificios particulares, como públicos: escuelas u hospitales que no tienen ninguna protección y que el gobierno va a poder intervenir sin ninguna restricción.
Un tema que apareció con lo que pasó con la casa de Alfonsina Storni es el de las demoliciones ilegales y su falta de sanción. ¿Cuál su posición al respecto?
Por un lado, lo de la casa de Alfonsina Storni no está claro que haya sido una demolición ilegal hecha por los propietarios, o si el gobierno les dio permiso de demolición. Lo primero que dijo el gobierno fue que había sido ilegal, pero todavía no lo sabemos, porque hay varios casos en los que, habiendo edificios en proceso de catalogación, como era el caso de la casa de Alfonsina, el gobierno dio permiso de demolición, lo que es ilegal, claro. Lo que hacemos nosotros es dar visibilidad a esta problemática, porque en la medida en que estas situaciones no tengan estado público y queden en los barrios, el gobierno no actúa. Otra medida, como la de mañana, es ir a la justicia. Este amparo, a diferencia de otros, es colectivo, por muchos edificios; hasta ahora lo veníamos haciendo sobre edificios puntuales, pero frente a la nueva situación que plantea la caída de ley, tuvimos que cambiar de estrategia.
¿Creen que hay todavía alguna chance de que se prorrogue la ley?
La ley ya se cae porque el macrismo no quiso tratarla en la Comisión de Planeamiento, con lo cual no puede pasar al recinto; así que en sesiones ordinarias, no. La legislatura está sesionando por última vez hoy, y no hay perspectivas tampoco de que esto se trate en extraordinarias.
¿Cuál es el motivo de la movilización de hoy?
Hoy nos hemos juntado varias organizaciones porque queríamos hacer pública una presentación que vamos a hacer mañana en la justicia, pidiendo amparo por una cantidad de edificios que el Gobierno de la Ciudad, junto con la Legislatura, en la que en este momento tiene mayoría el macrismo, desprotege a partir de la caída de la ley 2548 que, hasta fin de año, resguarda unos 140 mil edificios, los que son anteriores a 1094, muchos de los cuales tienen valor histórico, que a partir de la caída de la ley se pueden demoler sin ninguna restricción.
¿Qué relación le encuentran a la caída de la ley con lo que se conoce como el “boom inmobiliario”?
Vemos que hay una inacción muy importante del gobierno en su deber constitucional de preservar el patrimonio arquitectónico. Evidentemente, hay una relación porque, por otro lado, hoy se estuvo intentado tratar el megaproyecto imnobiliario en lo que era la ciudad deportiva de Boca, que es un gran negocio inmobiliario. Hay una relación entre la falta de interés en proteger el patrimonio y una especie de luz verde a los proyectos inmobiliarios de la ciudad, que lo que están haciendo, por la falta de control, es destruir la identidad de Buenos Aires.
¿Tienen identificados algunos edificios puntuales que puedan estar en riesgo?
En Buenos Aires hay solamente 2800 edificios catalogados, los que son muy pocos en proporción a la cantidad de edificios de valor que tiene la Ciudad. Por ejemplo, en Nueva York, hay 20 mil edificios catalogados. Todo el resto de los edificios, están en riesgo. No se puede establecer el número, justamente porque el mismo gobierno no hizo el relevamiento para determinar cuáles son los edificios de valor. De ahí que todos los edificios que tiene valor, excepto esos que están catalogados, están en riesgo de caer. Estamos hablando tanto de edificios particulares, como públicos: escuelas u hospitales que no tienen ninguna protección y que el gobierno va a poder intervenir sin ninguna restricción.
Un tema que apareció con lo que pasó con la casa de Alfonsina Storni es el de las demoliciones ilegales y su falta de sanción. ¿Cuál su posición al respecto?
Por un lado, lo de la casa de Alfonsina Storni no está claro que haya sido una demolición ilegal hecha por los propietarios, o si el gobierno les dio permiso de demolición. Lo primero que dijo el gobierno fue que había sido ilegal, pero todavía no lo sabemos, porque hay varios casos en los que, habiendo edificios en proceso de catalogación, como era el caso de la casa de Alfonsina, el gobierno dio permiso de demolición, lo que es ilegal, claro. Lo que hacemos nosotros es dar visibilidad a esta problemática, porque en la medida en que estas situaciones no tengan estado público y queden en los barrios, el gobierno no actúa. Otra medida, como la de mañana, es ir a la justicia. Este amparo, a diferencia de otros, es colectivo, por muchos edificios; hasta ahora lo veníamos haciendo sobre edificios puntuales, pero frente a la nueva situación que plantea la caída de ley, tuvimos que cambiar de estrategia.
¿Creen que hay todavía alguna chance de que se prorrogue la ley?
La ley ya se cae porque el macrismo no quiso tratarla en la Comisión de Planeamiento, con lo cual no puede pasar al recinto; así que en sesiones ordinarias, no. La legislatura está sesionando por última vez hoy, y no hay perspectivas tampoco de que esto se trate en extraordinarias.
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