"Macri libanizó la gestión de vivienda"

Abogado con larga experiencia en representar a familias en situación de calle, como a las desalojadas del asentamiento "La Veredita", Lisandro Teszkiewwicz, analiza al detalle los puntos más cuestionados de la política habitacional del PRO: desde el vaciamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la creación de los “subsidios al desalojo”, hasta el estrangulamiento del mercado inmobiliario y el progresivo colapso de un sistema que no da respuestas a quienes más las necesitan.

La política habitacional del gobierno porteño es una de las facetas donde el PRO muestra con mayor claridad su matriz ideológica, además de ser uno de los puntos más cuestionados de la gestión encabezada por Mauricio Macri. “Algunos aspectos tienen que ver con una sumatoria de ineficiencia e inadecuación, pero otros no: responden a una clara decisión política”, sostuvo el abogado Lisandro Teszkiewicz, quien supo representar a parte de las familias desalojadas por las topadoras de Macri en el asentamiento "La Veredita". En esa oportunidad, como en tantas otras, Teszkiewicz –que integra Abogados por la Justicia Social (AJuS), es docente de Derecho Penal y Criminología en la UBA y asesora al legislador porteño Francisco Nenna– pudo comprobar cuál es la propuesta del macrismo para las mujeres, hombres y niños que se quedan en la calle.

–¿Cómo define lo hecho por Macri en materia habitacional?

–Hay que tener en claro que lo primero que hizo al asumir fue libanizar la gestión de la vivienda. La desmembró. Con aciertos y errores, funcionando más mal que bien, hasta entonces en la Ciudad existía un proceso, comenzado con la autonomía y que tuvo su hito más grande en la Ley 341, que se orientaba hacia la centralización de la política de vivienda. Se había constituido un banco de inmuebles, destinado a atender el déficit habitacional, y las distintas operatorias se concentraron en el Instituto de la Vivienda (IVC). De hecho, el programa de vivienda transitoria está incluido en la Ley 341, que es la que define la operatoria para la construcción de soluciones definitivas. O sea que, aun lo que era temporal, la lógica institucional de la Ciudad lo veía como un pasaje al techo definitivo. Bueno, lo primero que hace el macrismo es desarticular esto.

–¿En lo concreto, que significó esa decisión?

–En el caso del IVC, su función pasó a ser la de un organismo de crédito, que te abre una carpeta, analiza tu riesgo crediticio con parámetros casi similares a los de un banco comercial y te entrega un crédito blando, de hasta $ 165 mil si se trata de un individuo, o de hasta $ 165 mil por unidad habitacional a construir si es un ente colectivo. Igual, que el IVC haya quedado reducido a esto es, además, teórico. Desde 2008 que no se inicia ninguna nueva obra por cooperativa y que se paralizaron las que estaban en marcha, porque se fue frenando la liberación del pago y entonces las constructoras no empiezan la tapa siguiente.

–¿Cómo es hoy la operatoria para la construcción de viviendas sociales?

–Hay que decir que el gobierno le sacó la edificación de viviendas al IVC y armó lo que se llama el sistema de mandas: el IVC, siempre teóricamente, decide y ordena la construcción, pero la ejecutan otros dos organismos, de forma indistinta: la Unión de Gestión de Infraestructura Social (UGIS) o la Corporación Buenos Aires Sur. Más aun: al IVC le quitaron el banco de inmuebles públicos, que pasó a la Corporación. Entonces, si el IVC quiere edificar, tiene que pedirle a la Corporación los terrenos donde levantar las casas, verificar cómo está de créditos presupuestarios con ese organismo y con la UGIS, y cómo está la capacidad operativa de ambos para elegir a quién encargarle la obra. Y si bien se trata de entidades públicas, prácticamente son empresas. Son tres entes autárquicos que negocian entre ellos cómo se reparten el presupuesto que les gira el gobierno a través de las mandas que otorga el IVC. Es una negociación compleja, tensa, mitad negocio, mitad política.

–En este esquema, ¿cuál es la función del Ministerio de Desarrollo Social?

–Es el cuarto actor. El gobierno porteño partió la resolución de la vivienda definitiva en tres organismos, y decidió que mientras tanto la vivienda transitoria sea un tema de “desarrollo social”. No sabemos cuál es la literatura a la que recurrieron para llegar a esta conclusión, pero para el macrismo resolver dónde vive una persona hasta acceder a un techo propio no hace a la política de vivienda, sino a su “desarrollo social”. Esto va entonces a un ministerio que no tiene relación jerárquica con los organismos que antes mencionamos. Al ser entes autárquicos, dependen de Jefatura de Gabinete, mientras que los planes de vivienda transitoria y para atención de familias en la calle dependen de Desarrollo Social. Estas dos partes no se mandan ni se obedecen entre sí y pueden tener políticas totalmente distintas.

–¿Cómo funcionan los subsidios que entrega Desarrollo Social?

–Hasta la llegada de Macri, se regían por el decreto 690, de 2004. Era un programa donde se le pagaba a la familia hasta $ 450 por diez meses para que completara el alquiler de una pieza o de un departamento, o para que evitara el desalojo. Es cierto que el programa era malo y no alcanzaba, pero en 2008 Macri sacó el Decreto 960, que hizo dos cosas sobre el 690. Primero, subió los montos, que habían quedado desactualizados, y los llevó de $ 450 de mínimo a $ 750 de máximo, y formalizó una modalidad que es pagarlo todo en una única cuota. Pero hizo otra cosa que es bastante perversa: dejó de ser un subsidio de apoyo y soporte habitacional, para ser un subsidio para familias en situación de calle. O sea, estas personas dejan de poder acceder a ese dinero si no están desalojadas. El programa cambia radicalmente en su forma de operar.

–¿Y qué pasa ahora?

–Bueno, la camioneta del programa Buenos Aires Presente (BAP), que fue creado para atender a gente en situación estructural de calle, ahora con unos nuevos muchachos, los mismos que habían echado de la UCEP, se hace presente en la puerta de los desalojos donde la gente reclama al gobierno. El BAP hace un censo y recién ahí, y a condición de que salgan de la propiedad, les da la primera cuota de emergencia para que vean dónde alquilan y se vayan en el momento. En ese caso, superando una serie de requisitos muy difíciles de cumplir, como presentar un recibo oficial de alquiler, entran al programa. En otros casos, se les dan todas las cuotas en un único pago para que se retiren. Por eso, el subsidio pasó de ser de apoyo y contención a la situación de vivienda a ser una garantía de desalojo para el propietario. Más allá de que muchas veces tengan razón en desalojar, ahora el gobierno sólo te ayuda si te vas.

–Después de 2008, ¿se volvieron a aumentar los montos del subsidio?

–Sí. Este año hubo un nuevo decreto, el 1167, que mantiene el esquema del 960 y lleva el subsidio de $ 700 a $ 1200, y en caso de hacerse en un único pago, son $ 7200. Sin embargo, la partida presupuestaria para este programa no se aumentó de 2010 a 2011. Esto a pesar de que en agosto de 2010 tuvieron que cerrar el Ministerio de Desarrollo Social 20 días porque se habían quedado sin plata para pagar el subsidio.

–Difícil pensar que todas estas situaciones no respondan a una decisión meditada.

–De hecho, e
ión de calle para asistirte, es lo que provocó que en tres años, hacia fines de 2010, estallara la problemática de la vivienda en la Ciudad. Y hablamos de un distrito que no tiene crecimiento vegetativo: mantiene los mismos habitantes hace mucho, e incluso menos que en censos de hace 30 años.ste esquema donde el IVC no entrega vivienda ni tiene capacidad de construirlas, y Desarrollo Social espera a que estés en situac

–¿Por qué tantas familias de la Ciudad llegan a necesitar la asistencia del Estado?

–Responde a un juego que empieza en el mercado inmobiliario. El segmento más rico no tiene demasiados problemas. La Ciudad tiene una sobreproducción de edificios de alta gama, con departamentos de uno y dos ambientes, de un valor aproximado de 3000 dólares el metro cuadrado, de los cuales en Puerto Madero, por ejemplo, hay un 70% vacío. Y en el barrio de Almagro, de las torres que se están construyendo, el 40% están sin vender. Esto se debe a que cambió el negocio de las constructoras: antes se hacía una obra con un crédito hipotecario y cuando se terminaba, se vendía, se pagaba el préstamo y la diferencia era la ganancia. Ya no se construye así. Ahora se forman los fideicomisos, de los cuales participa gente que tiene dinero para invertir y elige hacerlo en ladrillo. La constructora, cuando entrega la obra, ya tiene su ganancia, no le i

mporta si el departamento se vende. Y el inversor supone que no pierde dinero porque el ladrillo se deprecia menos qu

e el dólar: si puede alquilar, bien, y si no, no le preocupa.

–¿Cuál es el efecto concreto de esta realidad inmobiliaria?

–Que no exista más la construcción de vivienda familiar en la Ciudad. Por eso, el segmento de población de clase media-alta, que normalmente hubiera accedido a viviendas familiares a estrenar, con ahorro propio o crédito hipotecario, ya no tiene más su nicho en el mercado. Lo que hay a estrenar es sólo para la clase alta y, además, no existe de tres ambientes, mucho menos de cuatro o con dependencias. Ahora, esa gente compra propiedades viejas o antiguas a reciclar. Pero hay otro segmento de la población que era el que accedía a esas casas: la clase media-media, que al ver su nicho ocupado por otros también se va hacia abajo y alquila. ¿Y qué hace la clase media-baja, que antes alquila?: va a los hoteles. ¿Y el segmento de los hoteles?: va a las tomas. Por una decisión de negocios, en la Ciudad se acogotó el mercado inmobiliario.

–¿El go

bie

rno porteño tiene responsabilidad en esto?

–Sí. La situa

–¿Cuál cree que es la lógica que justifica esta política?

ción fue terriblemente fortalecida con decisiones de política pública, a través de permisos, modalidad de construcción y diseño urbano de la Ciudad desde la gestión Macri. Cualquier operador serio va a decir que el mercado inmobiliario no existe, porque ya nadie compra y vende casas para habitarlas. Hoy lo que hay es un mercado rentístico, una inversión especulativa que ha generado un corrimiento hacia abajo. Eso provoca que teniendo igual o menor número de habitantes en una Ciudad más rica que nunca y con mayor cantidad de unidades habitacionales construidas, existe mayor número de familias con necesidades habitacionales insatisfechas. Y es en este escenario donde se desarrolla esta política perversa del macrismo.

 

–Tiene que ver con una visión estratégica que entiende que el pobre no puede vivir en la Ciudad, que se tiene que ir al Conurbano, venir a trabajar y retirarse todas las noches. Muchos funcionarios, con el micrófono apagado, van a decir que “la ciudad es cara, por qué todos tiene que vivir acá, tenemos que tener un buen sistema de transporte y que la gente vaya y venga”. Es una discusión ideológica sobre quién tiene derecho a hacerse propietario del suelo en la ciudad. Y lo que te va a contestar una concepción como la de Macri es que el mercado es quién determina ese derecho.

(Entrevista publicada en el diario Tiempo Argentino)