DEMAGOGIA PUNITIVA AL PALO

Licencia para matar

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, avaló a un policía que fusiló a un asaltante mientras huía, en sintonía con el presidente Mauricio Macri. La propuesta del mandatario porteño de cambiar la ley para detener manifestantes sin pruebas.

Werner Pertot
El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se tiró de cabeza a la pileta de la demagogia punitiva. Respaldó a un policía al que procesaron por homicidio por haber disparado por la espalda a un asaltante que huía. La defensa del fusilamiento fue encabezada por el presidente Mauricio Macri que recibió al fusilador en la Casa Rosada. Se reitera así la doctrina de legitimar los disparos por la espalda, como ocurrió con el joven Rafael Nahuel, aunque en ese caso debieron inventar una guerrilla que atacaba con boleadoras, lanzas y armas de fuego. En este caso, como hay filmaciones, se cuidaron dar rienda suelta a la imaginación policial. Sí le vendieron a la población una secuencia de los hechos que no es real. Todo en nombre de enterrar el escándalo de Jorge Triaca y su casera y subir la imagen del presidente. Claro está, a costa de dar rienda suelta al gatillo. Larreta, en tanto, propuso cambiar la legislación para que sea más fácil detener manifestantes y dejarlos presos pese a la falta de evidencias de que cometieron un delito.

Larreta fue de los primeros en salir a defender al policía de Avellaneda Luis Chocobar, subido a una llamativa cobertura mediática, que hizo eje en el caso como si fuera lo único que pasaba en el país. Para Larreta se trató de “un caso más en que la Justicia actúa a favor de los delincuentes y no de la seguridad de los vecinos". "Estamos dando pasos todos los días para que los vecinos vivamos cada vez más seguros. Necesitamos que la Justicia también esté del lado de los vecinos y apoye el buen accionar de los policías que arriesgan su vida a diario cuidándonos", reclamó Larreta sobre el procesamiento del policía por homicidio.

Poco después, el presidente Macri lo recibió en la Casa Rosada, le dijo que él confiaba en que “la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”. La valentía de disparar por la espalda. La injerencia en otro poder del Estado pareció no importarle en este caso al presidente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cometió poco después un sincericidio cuando dijo: “Lo importante es que damos vuelta la realidad”.

Es claro: tanto los funcionarios como los medios oficialistas sostuvieron que Chocobar se interpuso valientemente cuando dos asaltantes apuñalaban a un turista y mató a uno de ellos para salvarle la vida al asaltado. Las cosas no sucedieron así, según se desprende del expediente judicial en el que declararon testigos, el propio Chocobar y en el que hay filmaciones del hecho, tomadas por una cámara de seguridad.

Tres testigos confirmaron en la causa que el policía llegó después de que se hubiera atacado al turista. Conclusión: no le salvó la vida, como afirmaron a la población tanto funcionarios macristas como medios oficialistas.



Veamos la secuencia de los hechos de ese 8 de diciembre de 2017. En la esquina Olavarría y Garibaldi, en La Boca, dos asaltantes intentaron robarle al turista Frank Wolek. Lo apuñalaron diez veces. En la filmación, que consta en la causa judicial -según reveló el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino- se ve al turista huyendo de los asaltantes, herido por las cuchillas. Finalmente, el turista se desploma en la calle. Allí aparece Chocobar que le apunta con su arma a la víctima. Este es un dato importante: el policía, vestido de civil y con una mochila, no entiende qué está pasando y piensa que el atacado puede ser uno de los asaltantes. Es decir: el turista no sólo ya no estaba siendo apuñalado, sino que Chocobar lo encañona y se convierte en un posible peligro para la víctima. Lo saca de la duda un policía con uniforme que llega apuntándole con su arma. Chocobar se identifica con una credencial y corre en busca de los delincuentes, que ya eran perseguidos por un grupo de transeúntes.

De nuevo, por si quedan dudas: tres testigos confirmaron en la causa que el policía llegó después de que se hubiera atacado al turista. Conclusión: no le salvó la vida, como afirmaron a la población tanto funcionarios macristas como medios oficialistas.

Cuando Chocobar emprende su carrera, uno de los asaltantes –que sería el que apuñaló al turista- ya había sido reducido en el piso por tres transeúntes. Nótese que esas tres personas no tenían armas de fuego y aún así cumplieron con el accionar básico que se hubiera esperado del policía: detener a los asaltantes. Chocobar sostuvo en la causa que disparó al aire para que se detuviera el segundo asaltante que frenó, se dio vuelta y encaró para atacarlo -según el relato del policía- y ahí fue cuando le disparó en defensa propia. Tras ver el video que muestra cómo cae el asaltante, quedó comprobado que mentía.

Las pericias que se hicieron sobre el cuerpo del joven de 18 años, que agonizó cinco días y murió en el hospital, también desmienten al policía. Pablo Kukoc tenía dos heridas de bala, una en la “región lumbar derecha, a seis centímetros de la cresta ilíaca” y la otra “en región posterior del muslo derecho”. La trayectoria de los proyectiles fue de atrás hacia adelante: esto confirma recibió los disparos mientras huía.

A raíz de estas pruebas, el juez Enrique Gustavo Velázquez, lo procesó a Chocobar por homicidio con exceso en la legítima defensa y lo embargó por 400 mil pesos. El oficialismo acusó al magistrado de “garantista” por firmar este fallo basado en las evidencias. “La agresión a la que era pasible (Chocobar) no era inminente, ya que de las imágenes captadas por el domo instalado en la esquina de Irala y Suárez se observa que al momento de recibir los disparos (el asaltante) corría por esa última arteria, sin darse vuelta en ningún momento y se encontraba a varios metros de distancia del oficial”, indica el juez en el fallo, que fue escamoteado en el relato oficial. También detalló que en ningún momento el asaltante da la vuelta para atacar al policía, que disparó siete veces en total. Algo que cualquier funcionario puede comprobar solo viendo el video.

El delincuente Pablo Kukoc, de 18 años, tenía dos heridas de bala. La trayectoria de los proyectiles fue de atrás hacia adelante: esto confirma recibió los disparos mientras huía.



Está fuera de discusión que los asaltantes debían ser detenidos y que, con las pruebas que había, lo más probable es que tras un juicio fueran condenados por graves delitos contra la vida del turista. Pero la pena de muerte no es legal en la Argentina. Y tanto el presidente como el jefe de Gobierno la están avalando en los hechos con su accionar. Las declaraciones públicas son un mensaje para todos los otros agentes de policía y fueron seriamente cuestionados por especialistas como Claudia Cesaroni, abogada del CEPOC, quien recordó las normas básicas del estado de derecho (como el derecho a un juicio justo), por María del Carmen Verdú, de CORREPI (quien consideró que se está convirtiendo el gatillo fácil en una política pública del Estado) y por el coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, Manuel Tufró, quien dijo a FM Futurock que "no son recomendadas las intervenciones fuera de servicio, que es todo lo contrario de esta idea de intervención heroica que pone en escena el Gobierno”.

El CELS tiene desde 1996 una estadística sobre los resultados que trae el hecho de que los policías porten sus armas fuera del horario de servicio: solo en 2017, 69 personas fueron asesinadas por policías fuera del servicio. Un 66 por ciento de los casos. ”La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”, indica el CELS. También la tasa de mortalidad es mayor para los policías: en el 74 por ciento de los casos estaban fuera de servicio. Esto muestra, con números duros que el problema –entre otros- es sostener una ley de la dictadura que permite a los policías a portar armas fuera de su horario de trabajo.

Por si fuera poco, en esta escalada represiva, Larreta sostuvo en un reportaje con Clarín que las razzias que viene haciendo en las manifestaciones la Policía de la Ciudad se encuentra con el problema de que después les exigen pruebas. “Hay que modificar la legislación penal para poder detener a los violentos porque no se puede permitir ninguna situación de violencia como la que vivimos en diciembre”, afirmó, tras las vejaciones sufridas por mujeres y los numerosos casos de abuso policial. No hubo autocrítica por la brutalidad policial desplegada en todo el año pasado que, asumámoslo, no tiene visos de frenar, sino de incrementarse.

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