EL NEGOCIO DE LA BASURA

Las cooperativas de cartoneros

Los recuperadores urbanos no tuvieron tanta suerte como las empresas de la basura: no reciben fortunas, pese a que hacen el trabajo más importante para reducir la cantidad de basura que la Ciudad entierra en el CEAMSE.

Werner Pertot
 Si bien el macrismo cambió su política hacia los cartoneros –Macri en la campaña de 2003 aseguraba que eran delincuentes que robaban la basura y debían ir presos- hoy su relación con las cooperativas dista de ser ideal. Se denuncian incumplimientos por parte de Estado. El secretario de Higiene Urbana, Pablo Di Liscia, admite algunos de ellos y sostiene que la relación está encauzandose.
En 2012 hubo un concurso público en el que 12 cooperativas de cartoneros que estaban inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) fueron contratadas por el Estado para recolectar los residuos reciclables por cuatro años. El Estado se hacía cargo del personal de transporte, del mantenimiento de los camiones y de entregarles ropa de trabajo, además de las cargas sociales. También les entregaba un subsidio. Hoy un recuperador de calle cobra 8.300 pesos.
El contrato actualmente está prorrogado hasta fin de año y los cooperativistas temen que el Gobierno porteño quiera contratar un privado que, a su vez, tercerice el servicio en las cooperativas. Di Liscia desmintió esto: “Nada que ver. En absoluto. Tenemos un concurso en el que estuvieron las cooperativas que se venció el año pasado, pero que nos permitía una prórroga. Queremos trabajar en la definición de los nuevos aspectos del servicio. En este año estamos terminando un nuevo pliego y queremos que tenga un plazo similar del de residuos húmedos”, indicó. “Tuvimos atrasos en entregar de ropa. Un poco antes del cambio de administración, tuvimos un conflicto muy grande con las cooperativas. Fue una pelea muy dura en poder ponerse de acuerdo en cómo se asignaban recursos”, indicó Di Liscia, quien destacó que ahora las cooperativas deben entregar las nóminas de personal y el presentismo. También advirtió que se deben solucionar problemas en la instalación eléctrica de los centros verdes: algunos no pueden accionar la línea de clasificación de los residuos y la enfardadora a la vez. “Un papelón”, reconoció. El funcionario Pro indicó, por otra parte, que quieren avanzar con los lugares para dejar los residuos reciclables: el plan es poner campanas en  los supermercados para que las personas que van a comprar dejen, a su vez, los papeles, cartones, vidrios y plásticos.
 En la actualidad hay 5300 recuperadores urbanos, que reciclan 85 mil toneladas de basura por año. Se recupera el 10 por ciento de todo lo que se tira. Hay además 50 supervisores de las cooperativas que trabajan para la Dirección General de Reciclado, bajo la modalidad de contratos de locación. Todo el sistema tiene una fuerte precarización laboral.
Una de las Cooperativas es El Alamo, que surgió en la interacción entre los cartoneros y las asambleas de 2001. El centro verde de reciclado, ubicado en Avenida de los Constituyentes y General Paz, lleva el nombre de Diego Duarte, el joven cartonero que fue perseguido por la policía en el CEAMSE y aplastado bajo una tonelada de basura (como cuenta la escritora Alicia Dujovne Ortíz en su interesante libro ¿Quién mató a Diego Duarte?).  “Al barrio venían personas que básicamente venían a buscar comida en la basura. La asamblea de vecinos los cobijó”, relata Alicia Montoya, integrante de la Cooperativa El Alamo. Se conformaron como cooperativa ante el INAES en 2003 y debieron sufrir la represión en más de una oportunidad.
La primera vez, en  julio de 2005, cuando los desalojan del predio que utilizaban para separar los materiales y en el que los cartoneros debían dormir.  “Somos unas de las dos cooperativas que, inicialmente, frente a la política de Aníbal Ibarra, que era ‘cooperativitas’, dijimos: ¿quién va a gestionar los residuos reciclables en la Ciudad? Hasta ahora, los reciclan cartoneros, informalmente, sin herramientas, sin contraprestación. Empezamos a recorrer con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) un proceso de políticas públicas. Primero, logramos una experiencia piloto con el macrismo (de locos: todo lo que no pudimos hacer con el Gobierno progre lo hicimos con el Gobierno de derecha), una experiencia piloto de sustituir camiones rotos, por camiones con plataforma hidráulica, después avanzar en la construcción de centros verdes (lugares de tratamiento de ese material)”, indica Montoya.
La cooperativista advierte que durante el primer año, el Gobierno porteño cumplía con su parte del contrato. Luego empezaron los incumplimientos. Hoy uno de los camiones que tienen para hacer la recolección está arrumbado en el centro verde porque desde la gestión PRO no le hacen el mantenimiento debido. “También hubo incumplimientos en entrega de uniformes”, advierte Montoya, quien relata que los uniformes que le entregaron en verano se deshicieron al primer lavado porque la tela estaba fallada.

-¿Les dan alguna explicación?
-No, ya ninguna. La nueva ventaja que tenemos con el nuevo ministro es que a diferencia de otros que inventaban una justificación cuando vino a este lugar y la presidenta le dijo: ‘¿Los uniformes para cuándo?’. Y miró el techo y dijo: ‘La verdad que tienen bastante, ¿eh? Han progresado mucho ustedes’.
-¿Macchiavelli?
-Efectivamente. A diferencia de otros, haciendo honor a su nombre, ni te da explicaciones. Y parte de la premisa de que estos muchachos morochos tienen demasiado y no sé para que siguen jodiendo. 

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