Jorge Macri emitirá deuda por $600.000 millones para pagar a proveedores

El Gobierno de Jorge Macri quedó habilitado para emitir títulos de deuda pública por hasta $600.000 millones para pagar obligaciones pendientes con proveedores y contratistas del Estado porteño. La Legislatura de la Ciudad aprobó este jueves el proyecto con 37 votos positivos y 18 negativos, en una medida que busca afrontar la caída de la recaudación y ordenar los compromisos vinculados con la compra de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obra pública.

La iniciativa permite cancelar total o parcialmente las obligaciones que estén aprobadas, devengadas, sean exigibles y permanezcan impagas al momento de la colocación de los bonos. Los títulos serán en pesos, tendrán un plazo mínimo de amortización de un año y devengarán intereses calculados con referencia a la tasa TAMAR del Banco Central, utilizada para depósitos mayoristas de grandes montos.

El proyecto había sido impulsado por el Ejecutivo porteño junto con el Presupuesto 2027. La administración de Macri sostiene que el instrumento permitirá preservar el funcionamiento del Estado y la situación financiera de sus proveedores. Sin embargo, el mecanismo implica reconocer compromisos mediante títulos que generan intereses y difieren los pagos en el tiempo.

Durante el debate legislativo, la subsecretaria de Hacienda porteña, Lorena Flores, explicó que la emisión busca compensar la caída de recursos prevista para 2026, estimada en alrededor de $600.000 millones. Según la funcionaria, la merma se vincula con una reducción cercana al 6% en la recaudación de Ingresos Brutos.

Flores indicó que los intereses asociados a la operación se estiman en $114.000 millones y que el vencimiento está previsto para 2029. La funcionaria defendió la herramienta como una vía para sostener los niveles de funcionamiento de la administración, las obras comprometidas y los servicios públicos.

No obstante, la operación abre interrogantes sobre el costo financiero de cancelar obligaciones con bonos en lugar de hacerlo mediante pagos en efectivo. Aunque el Ejecutivo sostiene que el mecanismo busca evitar un impacto adicional sobre las cuentas públicas, los intereses previstos forman parte del costo de la operación y deberán ser considerados en la evolución de las obligaciones de la Ciudad.

La oposición pidió detalles sobre las deudas y los proveedores

Durante el tratamiento del proyecto, legisladores opositores reclamaron información sobre el monto de las obligaciones, la cantidad y el tipo de proveedores alcanzados, la antigüedad de las facturas y los organismos responsables de los pagos.

Claudia Neira, de Fuerza Buenos Aires, cuestionó que el proyecto plantee que la emisión no incrementará los pasivos de la Ciudad cuando contempla el pago de intereses. Sebastián Nagata, de Confianza y Desarrollo, también advirtió sobre las consecuencias que el mecanismo podría tener en las relaciones contractuales con futuros proveedores y preguntó si la adhesión al bono será voluntaria o compulsiva.

El debate se produce mientras la administración porteña prepara el Presupuesto 2027 y enfrenta una reducción de los ingresos tributarios. La aprobación de la emisión le da al Ejecutivo una nueva herramienta financiera, pero deja abierto el seguimiento sobre cómo se distribuirán los títulos, qué empresas los recibirán y cuál será el costo final para las cuentas públicas.

Con la autorización legislativa, el Ministerio de Hacienda y Finanzas deberá instrumentar la operación y establecer las condiciones para emitir, registrar y pagar los bonos. El impacto concreto dependerá de su implementación y de la evolución de la recaudación en los próximos meses.