El Senado debate hoy la reforma de la Ley de Salud Mental que habilita internaciones involuntarias

El Senado realiza este jueves, desde las 14, una sesión en la que debatirá como punto central la reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa que habilitaría las internaciones involuntarias, eliminaría los manicomios y ampliaría el alcance de las adicciones tratadas como enfermedades mentales, incluyendo la ludopatía.

El proyecto quedó ubicado como último tema de la sesión porque los votos están ajustados: La Libertad Avanza asegura contar con el apoyo necesario, pero la negociación con los bloques aliados continúa abierta.

El texto consensuado entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, el Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz habilita que un médico, sin necesidad de ser especialista en psiquiatría, disponga una internación involuntaria ante una emergencia por riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros. La medida deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas, con posibilidad de teleconsultas con un psiquiatra, y reemplaza el esquema de autorización judicial previa por una simple notificación a la Justicia.

La reforma también mantiene la prohibición de crear manicomios e incorpora las adicciones, incluida la ludopatía, dentro del abordaje de la salud mental.

El oficialismo debió introducir modificaciones sustanciales al proyecto original para destrabar el apoyo de bloques aliados y de los gobiernos provinciales. Aun así, la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, presentó un dictamen de minoría.

El temario de la sesión se acordó en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel , que también incluye el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y la creación del marco normativo para el Mercado Voluntario de Carbono.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el dictamen de mayoría puede vulnerar derechos fundamentales y comprometer la responsabilidad internacional de la Argentina, sosteniendo que el proyecto mantiene los problemas de la iniciativa original enviada al Congreso en abril y que los cambios introducidos en comisiones no resuelven las objeciones planteadas por organizaciones y especialistas.

La entidad cuestionó en particular que la reforma habilite internaciones involuntarias con criterios que considera poco claros y que reduzca los mecanismos de control judicial y de protección de los derechos de las personas internadas.

Otras organizaciones advirtieron que el texto le quita al Órgano de Revisión la facultad de apelar las decisiones judiciales, excluye de ese organismo a las asociaciones de usuarios y vuelve a permitir instituciones especializadas en psiquiatría, aunque mantenga la prohibición formal de los manicomios.

Los defensores de la ley vigente la consideran una norma de avanzada que colocó a la Argentina entre los países con enfoque más garantista en materia de salud mental, mientras sus críticos responden que, sin infraestructura adecuada y con restricciones excesivas a la internación, terminó dificultando la atención de pacientes graves.