La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su aplicación inmediata

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que había puesto un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso. El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero mediante un veto presidencial. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, el Ejecutivo emitió un decreto en el que condicionó el financiamiento universitario a que se determinaran las fuentes específicas de los recursos y se incluyeran las partidas correspondientes en el presupuesto general.

La sentencia de Cormick anula esa disposición, que remitía al artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, según la cual toda norma que disponga gastos debe prever expresamente su financiamiento y, de no hacerlo, su ejecución queda suspendida hasta que se incorporen las partidas al Presupuesto. El magistrado sostuvo que el decreto terminó funcionando como "un mecanismo extraconstitucional" que configuró, en los hechos, "una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional". En tal sentido, remarcó que la propia Ley 27.795 sí establece cómo financiarse: su artículo 9 faculta al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias sin impactar en la coparticipación federal ni en los aportes del Tesoro Nacional.

Además, el juez cuestionó el argumento del costo fiscal: señaló que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas de 2023, y que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de la norma durante 2025 representaba apenas el 0,23% del PBI nominal proyectado.

Con esta resolución, la justicia federal ratificó la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo dictar todas las normas reglamentarias y de ejecución necesarias para asegurar el flujo de fondos hacia las universidades públicas de todo el país. El fallo contempla recursos para salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, celebró la decisión y la calificó como "un paso más, realmente muy importante, para lograr la implementación plena de la Ley de Financiamiento".

El Gobierno de Javier Milei anticipó que apelará el fallo, y fuentes oficiales confirmaron que la presentación se efectivizaría "en las próximas horas". En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartaron una negociación política con las casas de estudio y ratificaron que la respuesta será exclusivamente por la vía judicial.

En ese contexto, los gremios universitarios ya convocaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, con destino al Palacio de Tribunales, en lugar de la habitual Plaza de Mayo.

La tensión se profundiza además por el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno, que contemplaría alrededor de 7,3 billones de pesos para el funcionamiento de las universidades nacionales, mientras que los rectores habían estimado que para ajustarse a la ley serían necesarios cerca de 11 billones, casi un 50% más de lo previsto en el proyecto oficial.