El fiscal Pollicita pidió peritar las billeteras cripto de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Las explicaciones que Manuel Adorni presentó para justificar la evolución de su patrimonio abrieron una nueva etapa en la investigación judicial. Tras recibir un extenso descargo, el fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba y puso el foco en uno de los principales argumentos del exjefe de Gabinete: casi 600.000 dólares que asegura haber obtenido mediante operaciones con Bitcoin antes de ingresar a la función pública.

La defensa había informado la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las que el exfuncionario habría operado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, previamente al ejercicio de la función pública que comenzó en diciembre de 2023. Según esa presentación, la liquidación de esas tenencias le reportó 591.544,61 dólares, monto con el que buscó explicar los 565.000 dólares en efectivo declarados bajo el concepto de "venta de activos". El exfuncionario justificó la mayoría de sus gastos en efectivo con esa ganancia en criptomonedas que, según declaró, tenía guardada en dólares en su casa sin declarar.

La medida fue solicitada el 28 de septiembre de 2026 y contempla una revisión técnica de las cuentas, con intervención de especialistas y de personal técnico de la Policía Federal Argentina. Para la ejecución de la prueba técnica, el fiscal pidió la comparecencia del abogado Matías Ledesma junto a un perito de parte en la sede de la fiscalía, donde el representante de la defensa deberá presentar el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas correspondientes a las direcciones investigadas.

El ingreso a las cuentas se realizará mediante billeteras de administración de criptoactivos como Sparrow o Electrum, y se deberá utilizar la función de firma criptográfica para demostrar el control real y actual sobre cada dirección.

El planteo fiscal no apunta solamente a comprobar quién puede acceder actualmente a esas billeteras: la cuestión central es determinar si Adorni tenía efectivamente el control de esas direcciones durante el período en que se realizaron las operaciones.

En ese sentido, publicaciones periodísticas señalaron que la constatación notarial presentada por la defensa fue realizada en septiembre de 2026 y no existe, por sí misma, un registro similar que acredite quién tenía esas claves en el momento en que se realizaron las operaciones.

La defensa también sostuvo que el matrimonio había destinado 1.897,20 dólares en 2014 a las primeras compras y que en 2017 realizó una inversión de 199.883,20 dólares, monto que representó más del 99% del capital destinado a las criptomonedas. En paralelo, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal del exfuncionario desde 1998.

La medida abarca el período comprendido entre 1998 y 2011 para el matrimonio formado por Adorni y Bettina Angeletti, y apunta a corroborar si la pareja contaba con el ahorro previo que argumentó para justificar las inversiones realizadas a partir de 2014. Asimismo, Pollicita solicitó informes a la ANSES y a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia para reconstruir los ingresos, aportes y bienes del grupo familiar.

Todo el trámite requerirá autorización formal del juez Ariel Lijo, mientras las claves privadas permanecerán bajo custodia exclusiva de la defensa técnica.

Si la capacidad contributiva y los sueldos de Adorni y su esposa entre 1998 y 2011 no logran justificar una capacidad de ahorro de casi 200.000 dólares, la coartada de las criptomonedas perdería sustento documental, lo que dejaría al exfuncionario en una situación jurídica crítica.