Causa ANDIS: informes técnicos revelaron sobreprecios de hasta 1.972% y una prótesis que nunca llegó al paciente

La investigación judicial sobre las contrataciones de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incorporó nuevos informes técnicos que señalan presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes, sillas de ruedas y otros insumos médicos, con diferencias significativas entre los montos abonados y los precios de referencia del mercado.

La documentación fue presentada ante la Justicia por el Ministerio de Salud y por Alejandro Vilches, quien encabezó la intervención del organismo, y describió lo que calificó como "desvíos técnicamente indefendibles" en operaciones realizadas principalmente durante 2025.

Entre los hallazgos más llamativos, los documentos señalaron diferencias de precios de hasta 1.972% frente a adquisiciones realizadas por otros organismos públicos, así como presuntos errores de categorización y la compra de productos importados con valores entre un 300% y un 1.000% por encima de alternativas nacionales disponibles.

En el caso de implantes cocleares adquiridos a la empresa Droguería Floresta, el precio promedio por unidad fue de 62.613 dólares, contra un valor de 12.125 dólares en una operación comparable, lo que representa un sobreprecio de 269% por encima del precio estimado de mercado.

Los informes también señalaron irregularidades en seis facturas emitidas por la proveedora Indecomm a la ex ANDIS en noviembre, una de las cuales, por 28,7 millones de pesos, habría sido abonada en dos oportunidades.

Uno de los casos más resonantes corresponde a un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis tras una amputación y cuya documentación oficial indicaba que el elemento había sido entregado, aunque la investigación determinó que eso no había ocurrido. Según los informes, existía un remito con la firma de la madre del beneficiario, pero al contactar directamente a la familia se estableció que esa firma habría sido obtenida induciéndola a error durante la toma de medidas.

La auditoría interna liderada por Vilches, iniciada tras la salida de Spagnuolo, identificó en las contrataciones y licitaciones para compra de medicamentos e insumos lo que calificó como "irregularidades de gravedad", con "sobreprecios sistemáticos", "ausencia de procedimientos administrativos adecuados" y "debilidades estructurales" en distintos circuitos del organismo.

En sus presentaciones, Vilches apuntó contra Spagnuolo y nueve empresas proveedoras del Estado —entre ellas Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL y Artrobone Ortopedia SA— que habrían emitido facturas a pagar por la ANDIS por más de 25.661 millones de pesos.

La causa judicial avanzó esta semana con una decisión de la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas. La investigación analiza una posible asociación ilícita, simulación de competencia entre droguerías, direccionamiento de compras y eventuales retornos, y entre los procesados figuran también el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian.

A los informes de Vilches se sumó un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también detectó diferencias de precios entre distintas licitaciones dentro de la propia agencia, elementos que el fiscal federal Franco Picardi utilizó para enfocar la acusación en un sistema de licitaciones presuntamente restringido, con menos oferentes de los que recomienda la normativa vigente.