La Justicia federal intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en cinco días

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vigente vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

El juez Martín Cormick determinó que el Estado no acreditó un cumplimiento total de la norma y advirtió que podrá aplicar multas diarias por cada jornada de demora. La resolución fue dictada este martes 22 de septiembre y representa un nuevo revés judicial para el Ejecutivo en un conflicto que se extiende hace varios meses. La medida alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de las becas y programas destinados a estudiantes, a partir de un planteo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El planteo central busca además que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había confirmado previamente esa medida cautelar, al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios.

A comienzos de septiembre, Cormick ya había rechazado un pedido del Ejecutivo para dejar sin efecto la medida, al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados durante el año hubieran resuelto el deterioro salarial y presupuestario que originó el reclamo.

El Gobierno también intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria.

Las universidades y los gremios del sector estiman que los salarios acumulan una deuda de recomposición del 31,2%, mientras que el Gobierno ofreció apenas un 3% en la última paritaria, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre.

La intimación judicial se produce mientras las universidades atraviesan un nuevo plan de lucha: docentes y no docentes comenzaron esta semana con paros y medidas escalonadas en distintas instituciones.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la falta de aplicación de la norma, mientras que desde FEDUN también reclamaron que el Poder Ejecutivo acate una ley aprobada por el Congreso y respaldada en distintas instancias judiciales.

El conflicto, lejos de cerrarse, se proyecta además sobre el debate presupuestario: mientras las universidades reclaman recursos acordes a sus necesidades para 2027, el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo abrió una nueva discusión sobre el nivel de financiamiento que tendrán las casas de estudio en los próximos años.

El fallo intensifica la presión sobre el Ejecutivo, que arriesga sanciones económicas mientras la comunidad universitaria prepara la marcha federal del 15 de octubre.