El GCBA trasladó siete CENS y genera malestar en docentes y estudiantes de la Ciudad

El Gobierno porteño dispuso mediante decreto el traslado de cinco centros de educación secundaria para jóvenes y adultos y dos anexos, en una medida que ya generó la reacción de la comunidad educativa y preguntas sobre el impacto en el acceso a la educación.



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el traslado de siete establecimientos de educación secundaria para jóvenes y adultos mediante el Decreto N.º 312/26, publicado el miércoles 9 de septiembre en el Boletín Oficial porteño, que afecta a cinco Centros Educativos de Nivel Secundario y dos anexos, los cuales funcionarán a partir de ahora en nuevos edificios distribuidos en distintos puntos del distrito. La medida involucra puntualmente a los CENS N.º 1, 41, 46, 73 y 88, además de los anexos de los CENS N.º 72 y 76.

El caso más cuestionado es el del CENS N.º 1, cuyos estudiantes deberán trasladarse a un edificio ubicado a casi ocho kilómetros de la sede original.

Desde el Ministerio de Educación porteño, los fundamentos del decreto señalan que el objetivo es fortalecer la red de establecimientos bajo la órbita de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, reorganizar la oferta y dar respuesta a una creciente demanda de vacantes.

Desde el sector docente, se expresó profunda inquietud ante una medida adoptada de manera unilateral que, según los señalamientos, genera incertidumbre en las comunidades educativas y afecta tanto la continuidad del trabajo docente como las vacantes disponibles para los estudiantes.

Entre los reclamos que circulan en el ámbito sindical se rechaza que los traslados obliguen a los docentes a cambiar de lugar de trabajo, con posibles perjuicios para su continuidad laboral, y se exige protección de los cargos, incluyendo los interinos.

La decisión se inscribe en un contexto de creciente tensión en torno a la educación pública porteña. En las últimas semanas, la comunidad educativa ya había salido a la calle para frenar el desmantelamiento de institutos de formación de la Ciudad, con casos como el del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, donde el cierre de la mitad de las comisiones derivó en el despido inmediato de alrededor de 25 docentes.


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