Represión en el Congreso: una jubilada se descompensó y el padre Paco Olveira estalló contra la policía

Una nueva marcha de los miércoles de jubilados y sectores de discapacidad frente al Congreso Nacional terminó el 9 de septiembre con momentos de altísima tensión, incidentes y la intervención del operativo de seguridad montado por las fuerzas federales.

En medio de los empujones y los gases lacrimógenos, una mujer de avanzada edad sufrió una descompensación en plena vía pública, lo que desató la furia del sacerdote Francisco "Paco" Olveira. La movilización, que se repite semana a semana para reclamar por recomposición de haberes y entrega de medicamentos, avanzaba sobre la avenida Rivadavia cuando las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes para despejar la calzada. En medio de los forcejeos y el tumulto generado sobre la vereda, la jubilada se desvaneció sobre el asfalto y requirió asistencia médica de urgencia por parte de los propios manifestantes y rescatistas de la Cruz Roja.

La Policía de la Ciudad se plegó al operativo antipiquetes nacional y golpeó a jubilados y personas con discapacidad. Una de las manifestantes, identificada como "Rosita", quedó tendida en el piso después de ser gaseada y empujada por los efectivos, según reportó la periodista Lula González en la cobertura de la movilización.  La intervención del padre Paco Olveira, referente del grupo de Curas en Opción por los Pobres, fue especialmente resonante: el sacerdote no ocultó su indignación ante el accionar policial.

La jornada se enmarcó en una marcha que desde las 11 reunió en la Plaza del Congreso a colectivos de jubilados, deudores y organizaciones del sector de la discapacidad, que se desarrolló de manera simultánea al inicio de una sesión especial en la Cámara de Diputados, convocada a las 12 por bloques opositores como Provincias Unidas, Unión por la Patria, Argentina Federal, Frente de Izquierda y Encuentro Federal, entre otros.

Nucleados en el Foro Permanente de Discapacidad, los manifestantes también exigieron la prórroga urgente de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia caduca el próximo 31 de diciembre. El colectivo de discapacidad se sumó así a la marcha de los adultos mayores que cada semana denuncian el ajuste del Gobierno nacional. Mientras en Diputados se votaba un plan de trabajo por la emergencia en el sector, la represión policial se desató en las inmediaciones del Congreso.

El cronograma parlamentario prevé una reunión informativa sobre discapacidad el miércoles 16 de septiembre a las 12, y otra el 23 para emitir dictamen; para la morosidad, las reuniones fueron fijadas para los martes 15, 22 y 29 de septiembre, con dictamen en la última jornada. El episodio de la descompensación provocó una fuerte reacción de las organizaciones sociales y figuras religiosas presentes en la marcha.

El sector de discapacidad lleva más de un año acumulando agravios: la emergencia vigente hasta diciembre de 2026 fue resultado de una dura pulseada parlamentaria que incluyó, en septiembre de 2025, la reversión por el Senado del veto presidencial a la ley, con 63 votos a favor y solo siete en contra. Con las comisiones emplazadas a dictaminar en las próximas semanas, la presión en las calles se perfila como un factor determinante de cara al debate legislativo que se avecina.