El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional para levantar la cautelar que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y le fijó un plazo de tres días para presentar un informe documentado sobre el estado de avance en la aplicación de la norma.
En paralelo, el mismo magistrado hizo lugar a una nueva cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires, impulsada como demanda de la casa de altos estudios contra el Decreto 759/2025 que había promulgado la Ley 27.795. La resolución exige liberar las partidas presupuestarias destinadas a sueldos, becas, investigación y el funcionamiento de los hospitales que dependen de la institución.
El juez sostuvo que, una vez que el veto presidencial fue rechazado por el Congreso, el Ejecutivo quedó obligado a implementar la ley sin margen para suspenderla, y advirtió que su incumplimiento genera perjuicios graves de imposible reparación para el colectivo afectado. Cormick también destacó que la falta de aplicación de la ley vulneraría el derecho a enseñar y aprender consagrado en la Constitución Nacional, y estimó que el impacto fiscal de la medida alcanza apenas el 0,23% del PBI.
Sin embargo, algunos actores universitarios advierten que, en la audiencia del 21 de agosto, el subsecretario de Políticas Universitarias ya había reconocido que el Estado no cumplía la cautelar por falta de fondos, y cuestionan que la nueva resolución no haya sido más contundente.
En ese mismo día, la reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios de docentes universitarios concluyó sin acuerdo:
las autoridades nacionales ofrecieron un aumento del 3% para los haberes correspondientes a septiembre, propuesta que fue rechazada en forma unánime por las organizaciones sindicales.
Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron el ofrecimiento y señalaron que ese 3% se suma a otro 3% previsto para octubre, acordado meses atrás, lo que implicaría un incremento bimestral del 6%. Los gremios, en cambio, consideraron la cifra incompatible con la situación salarial real: la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y APUBA estimaron que el atraso acumulado se ubica entre el 25 y el 35%, y señalaron que la propuesta incumple la Ley 27.795, ratificada por la Justicia en tres instancias, incluida la Corte Suprema.
Emiliano Cagnacci, dirigente de ADUBA, remarcó que con una ley vigente, una cautelar ratificada por la Corte y un nuevo fallo favorable en la misma mañana, el ofrecimiento del 3% solo pone en evidencia la decisión política del Ejecutivo de ignorar las resoluciones judiciales. Desde CONADU Histórica, la secretaria general Francisca Staiti recordó que la cautelar fija una deuda del 31,2% a julio, a lo que se agrega la inflación de agosto.
Con más de ocho meses transcurridos y pese al fallo de la Corte Suprema, el Gobierno sigue sin dar cumplimiento efectivo a la norma, y había una moderada expectativa de que en esta reunión se ofreciera al menos un pago escalonado del 30% adeudado a más de 300 mil docentes y no docentes.
Tras el fracaso de la negociación, los docentes universitarios realizaron este miércoles un paro de 24 horas, y los gremios anticiparon que se reunirán hacia el final de la semana para definir la continuidad del plan de lucha. El Frente Gremial Universitario prevé encontrarse el 3 de septiembre en Bariloche, en el marco del plenario del Consejo Universitario Nacional, para evaluar nuevas medidas de fuerza.
El Ministerio de Capital Humano convocó a las partes a retomar las negociaciones el próximo jueves 17 de septiembre, aunque los gremios aún no confirmaron si asistirán antes de concretar la medida de fuerza.
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