La Fiscalía le exigió a Adorni que explique 20 inconsistencias en su patrimonio y le dio 15 días para responder

El requerimiento fue presentado este 10 de agosto ante el Juzgado Federal N° 4, tiene 207 fojas y condensa veinte puntos concretos sobre los que Adorni deberá responder con documentación respaldatoria, por el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —cuando ingresó a la función pública— y el 27 de junio de 2026, día en que presentó su renuncia.

Para llegar a este paso, la Fiscalía analizó declaraciones juradas, registros patrimoniales, movimientos bancarios, operaciones con criptomonedas, viajes, propiedades y numerosos informes técnicos y testimoniales, y concluyó que las inconsistencias detectadas justifican un requerimiento formal.

El núcleo del dictamen es el desbalance que reconstruyó el Ministerio Público: durante el período bajo análisis, Adorni percibió 35 haberes por su función pública, a los que se sumaron los ingresos acreditados de su esposa, Bettina Angeletti, sumando en conjunto recursos por $229.752.283,20.

La siguiente etapa del expediente dependerá de si las explicaciones y documentos que presente Adorni permiten reconstruir el origen lícito de los $43 millones de diferencia en pesos, los más de USD 402.000 desembolsados y los distintos circuitos patrimoniales que el fiscal dejó bajo la lupa.

Entre los puntos más detallados del requerimiento se destacan varios frentes simultáneos.
La Fiscalía puso bajo revisión las tenencias en efectivo declaradas por Adorni, en particular fondos atribuidos a una "venta de activos": el exfuncionario deberá precisar qué bienes fueron vendidos, cuándo, a quién, por qué montos y cuál es la trazabilidad bancaria, registral o bursátil de esas operaciones.

El requerimiento incorpora además una pata específica sobre criptoactivos: la Fiscalía detectó capital que Adorni habría informado ante una billetera virtual al momento de validar su identidad pero que no había sido exteriorizado originalmente en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.