Alerta en el sector librero por el proyecto de Sturzenegger que busca desregular el mercado del libro

El Gobierno analiza un paquete de desregulaciones que incluiría cambios sobre la actividad librera y la Ley 25.542, la norma que obliga a fijar un precio uniforme de venta al público para los libros en todo el país. La discusión volvió a instalarse esta semana a partir de un anteproyecto que circula en despachos oficiales y que, según distintos medios, forma parte de una agenda más amplia impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La ley vigente, sancionada en 2001, establece que editores, importadores o representantes de libros deben definir un valor único de comercialización, con algunas excepciones específicas. Ese esquema fue creado para evitar que grandes cadenas o plataformas impongan descuentos difíciles de igualar para las librerías chicas, y para sostener una red de venta más federal y diversa.

En Rosario y en otros puntos del país, las advertencias del sector editorial apuntan a un efecto concreto: si se libera el precio, las librerías independientes quedarían en desventaja frente a actores con mayor espalda financiera. En paralelo, referentes de la actividad remarcan que la norma no implica gasto para el Estado y que su eliminación no resolvería problemas estructurales del mercado, sino que podría acelerar una mayor concentración. 

La inquietud no es nueva. Ya en 2024, cuando el Gobierno había insinuado cambios similares, Sturzenegger defendió públicamente la idea de revisar la norma bajo el argumento de que los libros podrían ser más accesibles si se habilitara una competencia de precios. Sin embargo, editoriales, libreros y organizaciones del sector sostuvieron entonces que el precio uniforme protege la bibliodiversidad y la supervivencia de las pequeñas y medianas librerías. 

En esta nueva ofensiva desreguladora, el libro aparece junto a otros rubros alcanzados por el borrador, entre ellos farmacias y corredores inmobiliarios. Por ahora, no hay un proyecto formal con estado parlamentario, pero la sola circulación del texto alcanzó para encender las alarmas en una industria que ya venía golpeada por la caída de ventas y la retracción del consumo.