ADN bajo control estatal: la Ciudad creó un registro de perfiles genéticos y hay polémica

Bajo la premisa de sumar tecnología a la persecución del delito, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Registro de Perfiles Genéticos (RPG). La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo local, se presenta como un salto cualitativo para el sistema judicial porteño. Sin embargo, su amplio alcance reabre un histórico debate sobre el avance del control social, la protección de los datos biométricos y los límites constitucionales de la intervención estatal sobre los ciudadanos.

El nuevo dispositivo estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad porteño y funcionará en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El objetivo formal es digitalizar y cruzar datos de ADN para agilizar el esclarecimiento de delitos graves, optimizar la identificación de personas desaparecidas y unificar la base de datos local con los sistemas de seguridad de la Nación.

El alcance de la medida y las zonas grises del almacenamiento

A diferencia de los registros genéticos tradicionales, limitados estrictamente a personas con condenas firmes por delitos sexuales, la nueva legislación porteña amplía los criterios de recolección de muestras biológicas.

El universo de almacenamiento de datos alcanzará a tres grupos diferenciados:

- Imputados y condenados: Personas investigadas, procesadas o con sentencia firme por un abanico más amplio de delitos penales transferidos a la órbita de la Ciudad.

- Personal de seguridad: Integrantes de la Policía de la Ciudad, guardiacárceles y peritos, bajo el argumento técnico de descartar la contaminación involuntaria de las escenas del crimen.

- Víctimas y familiares: Aportes voluntarios realizados en el marco de causas por búsqueda de personas o agresiones.

El nudo de la controversia radica en el almacenamiento preventivo de los datos de personas imputadas que aún no han sido declaradas culpables por la Justicia. Diversas organizaciones civiles advierten que mantener el código genético de ciudadanos bajo investigación vulnera el principio de inocencia y abre la puerta a arbitrariedades, en un contexto político donde la criminalización de la protesta y la persecución judicial son moneda corriente.

Entre la retórica punitiva y la falta de controles civiles

La aprobación de esta ley expone la convergencia ideológica entre la administración de Jorge Macri y el modelo de seguridad promovido por el Gobierno nacional. Ambas gestiones centran su agenda en el endurecimiento normativo y la saturación tecnológica del espacio público -siguiendo la línea del reconocimiento facial y las cámaras de vigilancia-, presentándolos como soluciones mágicas frente a problemas sociales de raíz mucho más profunda.

Desde la oposición parlamentaria y los organismos de derechos humanos se cuestionó la falta de salvaguardas claras respecto a la custodia del material biológico. El hecho de que un registro con información tan sensible e íntima sea administrado directamente por la cartera de Seguridad local, y no por un ente civil o científico autárquico, enciende alarmas sobre potenciales filtraciones, hackeos o usos políticos de los perfiles genéticos.

Con la puesta en marcha del RPG, la Ciudad de Buenos Aires consolida un esquema donde la eficiencia punitiva se prioriza por encima de los derechos individuales, dejando en manos de una estructura policial hipertrofiada el control de la información más privada e inviolable de sus habitantes.