El proyecto de ley de lobby del Gobierno desata un rechazo transversal: ONGs, empresarios y cámaras alertan sobre su impacto

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados se convirtió esta semana en el escenario de un inusulado arco de críticas al proyecto de ley de lobby impulsado por el Poder Ejecutivo. Lo que el oficialismo presenta como un mecanismo para dotar de transparencia y trazabilidad a la gestión de intereses —una práctica que, según reconocieron incluso sus críticos, existe y debe regularse— despertó alertas en un abanico de organizaciones que va desde Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

El texto enviado por Javier Milei propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deben inscribirse todas las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La definición es tan amplia que no distingue entre un representante de una minera que busca modificar la Ley de Glaciares y un grupo de familias que impulsa una emergencia para personas con discapacidad. Para el proyecto, cualquier organización o individuo que se acerque a un funcionario o legislador debe declarar si actúa de manera gratuita o remunerada, si representa intereses locales o extranjeros, y presentar informes trimestrales detallando cada contacto.

El punto que generó mayor rechazo es el que tipifica como delito penal la "gestión clandestina de intereses", con penas de prisión de seis meses a dos años para quienes realicen gestiones sin estar inscriptos en el registro. "Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobista corporativo no es una ley de transparencia", sintetizó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, aludiendo a la lucha de la madre de Marita Verón por la sanción de la ley contra la trata de personas. Para Secchi, el proyecto "no diferencia entre hacer lobby para ganar dinero por una ventaja legislativa con lo que llamamos históricamente el lobby cívico", y advirtió que "regula las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que casi hay que pedir permiso para reunirse con algún legislador".

La preocupación se extiende a las organizaciones que reciben cooperación internacional. El proyecto exige que los gestores especifiquen si representan intereses nacionales o extranjeros, y la autoridad de aplicación podría solicitar información extraordinaria a las entidades que reciben fondos del exterior invocando conceptos como "seguridad interior" o "interés público". Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, advirtió que el Gobierno "busca asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil" y puso como ejemplo la lucha histórica para garantizar el acceso a antirretrovirales para el VIH: "Hubiera sido prácticamente imposible para muchas de esas personas con VIH, de esas organizaciones comunitarias, poder acceder al diálogo político y con funcionarios si esta ley hubiera estado vigente en ese momento".

Casi doscientas organizaciones de la sociedad civil firmaron un comunicado en el que sostienen que el proyecto "incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad". La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, fue más allá y señaló que "leyes de este tipo avanzan hoy en gobiernos autoritarios de distintos países del mundo", y afirmó que el Gobierno "pretende restringir la actividad política, el control democrático, la participación social y la libertad de expresión". Los representantes de las ONGs indicaron que la iniciativa combina elementos de leyes clásicas de lobbying como las de Chile o México con componentes similares a regulaciones de influencia extranjera aplicadas en países como El Salvador, Hungría o Rusia, que siguen un patrón común: normas presentadas como herramientas de transparencia que terminan ampliando la capacidad estatal de supervisión sobre la sociedad civil.

Lo paradójico es que las críticas no provienen únicamente de las organizaciones de derechos humanos. La AmCham, tradicionalmente alineada con los intereses empresariales y cercana al gobierno de Donald Trump, también expresó reparos. Su CEO, Alejandro Díaz, dijo en el plenario que "nos preocupa la incorporación de sanciones penales" y advirtió que "un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en la elaboración de políticas públicas". Díaz pidió reemplazar las penas de prisión por un régimen de "sanciones administrativas gradual, proporcional y progresivo", y cuestionó además que "las empresas con actividades de inversión sean consideradas automáticamente como representantes de intereses extranjeros por solo formar parte de grupos internacionales".

Desde la UIA, su Directora de Departamentos Técnicos, Agustina Briner, solicitó que se incorpore la figura del "beneficiario colectivo" para diferenciar las gestiones que realizan las cámaras empresarias de las de las empresas individuales. Incluso representantes de colegios de abogados y fundaciones sociales plantearon objeciones. Paola García Rey, de Amnistía Internacional, ejemplificó con una pregunta: "Si bomberos del Sur reclaman equipamiento, ¿tienen que registrarse para hacerlo? Esto desalienta justamente a quienes menos poder tienen para hacerse escuchar".

El plenario se extendió por más de cuatro horas y dejó en evidencia que el oficialismo no logró construir consenso en torno a su propuesta. Los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, anunciaron que intentarán "llegar a un dictamen que reúna el mayor consenso posible" y que habrá "sucesivas reuniones" por delante. Mientras tanto, bloques de la oposición dialoguista como la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal ya trabajan en un proyecto alternativo. Con todas estas objeciones sobre la mesa, resulta difícil que el Gobierno consiga las firmas necesarias para llevar la iniciativa al recinto antes de la fecha que se había fijado como objetivo.