El FMI cuestionó las políticas anticorrupción del Gobierno y advirtió por demoras en las declaraciones juradas

En un informe técnico difundido tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional señaló debilidades en los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios, pidió fortalecer las herramientas de prevención de la corrupción y marcó falencias en materia de transparencia estatal y funcionamiento institucional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el programa económico del gobierno de Javier Milei, pero al mismo tiempo dejó asentadas fuertes observaciones sobre el estado de los mecanismos de control y transparencia en la administración pública argentina. Las críticas quedaron plasmadas en un informe técnico difundido luego de que el Directorio Ejecutivo del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo vigente y habilitara un nuevo desembolso de fondos para el país.



Dentro del documento, el organismo dedicó un apartado específico a la evaluación de los marcos de gobernanza económica y lucha contra la corrupción. Allí sostuvo que los sistemas preventivos requieren mejoras y advirtió que el régimen de declaraciones juradas patrimoniales presenta problemas estructurales vinculados con los procesos de control, la publicación de la información y la aplicación de las normas.

Según el diagnóstico elaborado por el staff técnico del Fondo, existen dificultades para verificar adecuadamente la información presentada por los funcionarios, además de niveles insuficientes de transparencia y demoras en la difusión pública de los datos patrimoniales. El informe también señaló que las reglas vigentes no se aplican de manera homogénea en todos los casos, una observación que fue interpretada como una advertencia sobre la eficacia de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos.

Las observaciones del FMI adquirieron una especial repercusión política porque coinciden con la controversia generada en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En las últimas semanas, distintos sectores de la oposición habían reclamado información sobre la presentación de su declaración jurada y cuestionado los plazos establecidos para la difusión de esos documentos. El debate cobró mayor intensidad luego de que el Gobierno extendiera hasta fines de julio el plazo para la presentación de documentación ante la Oficina Anticorrupción. 

Además de las observaciones sobre las declaraciones patrimoniales, el organismo internacional incluyó referencias a otros aspectos institucionales. Entre ellos mencionó la necesidad de reforzar los controles sobre posibles conflictos de interés y planteó preocupaciones relacionadas con el funcionamiento de la Justicia, elementos que consideró relevantes para mejorar el clima de gobernanza y fortalecer la confianza en las instituciones públicas. 

El documento generó atención porque se conoció pocos días después de que el FMI destacara los avances macroeconómicos obtenidos por la administración de Milei, particularmente en materia de reducción de la inflación, consolidación fiscal y desregulación económica. Sin embargo, el mismo informe dejó en claro que, para el organismo, la estabilidad económica debe estar acompañada por mejoras en la calidad institucional y en los mecanismos de control del Estado.

Las advertencias también se producen en un contexto en el que distintos índices internacionales vienen mostrando dificultades persistentes de la Argentina en materia de transparencia. De acuerdo con los datos difundidos por organizaciones especializadas, el país registró un retroceso en las mediciones recientes sobre percepción de la corrupción, una tendencia que refuerza los cuestionamientos sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de control y rendición de cuentas.

Aunque el informe del FMI no condiciona el desembolso aprobado ni modifica los compromisos económicos vigentes, el diagnóstico dejó en evidencia que el organismo observa con atención no sólo las variables fiscales y monetarias, sino también el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia pública. En ese marco, las críticas vinculadas con las declaraciones juradas y los mecanismos anticorrupción se convirtieron en uno de los puntos más sensibles del último examen realizado sobre la situación argentina. 

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