- Judiciales
- 19.05.2026
La Justicia ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud regularizar los pagos por discapacidad en 72 horas
El juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar contra el programa Incluir Salud y la obra social en respuesta a un amparo colectivo que denunciaba la interrupción de tratamientos. El fallo, de alcance nacional, advierte sobre un "riesgo inminente" para miles de beneficiarios.
En medio de la creciente tensión por las demoras en el financiamiento del sistema de discapacidad, la Justicia federal intervino para frenar lo que consideró una situación de "riesgo inminente". El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, ordenó este martes al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación que normalicen en un plazo máximo de 72 horas el pago de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La resolución, que tiene alcance nacional, apunta directamente al programa Incluir Salud, dependiente de la cartera sanitaria, y busca garantizar la continuidad de tratamientos que se encuentran suspendidos o en riesgo.
El origen del fallo se remonta a un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, representante del colectivo Defendamos Córdoba, quien actuó en defensa de un beneficiario de pensión no contributiva cuya vida y tratamiento corrían peligro por la falta de recursos. La presentación fue acompañada por numerosas instituciones del sector, entre ellas la Asociación Apadim Córdoba, el Pequeño Cottolengo Don Orione y diversos centros terapéuticos, que alertaron sobre la imposibilidad de sostener la atención ante el reiterado atraso en la acreditación de fondos.
En sus fundamentos, el magistrado enfatizó que las "demoras crónicas" y la interrupción en la entrega de medicamentos constituyen una amenaza concreta para un colectivo de alta vulnerabilidad. "La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica", señala el texto del fallo, que también destacó el esfuerzo de las familias y los responsables del cuidado de las personas con discapacidad. La resolución sostiene, además, que el Estado nacional intentó "evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral", un señalamiento contundente que expone la gravedad del conflicto.
El impacto económico del desfinanciamiento quedó ejemplificado en el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione. Según consta en la causa, esta institución debió afrontar más de 41,5 millones de pesos en intereses ante el organismo recaudador por aportes y contribuciones a la seguridad social que no pudo pagar a tiempo debido a los atrasos en las transferencias estatales correspondientes a los tres primeros meses de 2026.
La medida cautelar dictada por el juez Vaca Narvaja tendrá una vigencia de seis meses o hasta que exista una sentencia firme, bajo apercibimiento de aplicar sanciones legales en caso de que los organismos nacionales incumplan lo ordenado. La decisión se enmarca en la vigencia de la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026, una norma que hasta ahora el Poder Ejecutivo mantuvo condicionada a la asignación de partidas presupuestarias por parte del Congreso.
La abogada Marta Lastra celebró la resolución aunque mostró su escepticismo sobre el cumplimiento efectivo de la orden. En declaraciones radiales, advirtió que existe la posibilidad de que las instituciones obligadas presenten recursos de apelación para dilatar los plazos, aunque remarcó que, en un estado de derecho, la decisión debería ser acatada sin más demoras. "Hay un ataque por parte del Poder Ejecutivo hacia la discapacidad", denunció la letrada, reflejando la percepción de un sector que desde hace meses viene denunciando un patrón de evasivas y desfinanciamiento.
La conflictividad en torno a los pagos del sistema de discapacidad no es nueva. Apenas un mes atrás, organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares de personas con condiciones de salud y los propios afectados se movilizaron frente al Ministerio de Economía para reclamar por las deudas acumuladas y exigir la plena implementación de la ley de emergencia. En esa oportunidad, los prestadores denunciaron atrasos que en algunos casos se remontaban a octubre del año anterior, una situación que, según advirtieron, ponía en riesgo la continuidad de los servicios para miles de personas en todo el país.
Ahora, con el plazo de 72 horas ya en marcha, la atención se centra en la respuesta que ofrezcan el PAMI y el Ministerio de Salud, cuya conducción está a cargo de Mario Lugones. El juez Vaca Narvaja, por su parte, fue claro en su advertencia: cualquier intento de dilación será considerado un incumplimiento de la medida cautelar y podrá derivar en las consecuencias legales correspondientes. En un contexto donde la credibilidad del sistema de protección a la discapacidad está en entredicho, la decisión judicial se convierte en un test sobre la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos a sus ciudadanos más vulnerables.
El origen del fallo se remonta a un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, representante del colectivo Defendamos Córdoba, quien actuó en defensa de un beneficiario de pensión no contributiva cuya vida y tratamiento corrían peligro por la falta de recursos. La presentación fue acompañada por numerosas instituciones del sector, entre ellas la Asociación Apadim Córdoba, el Pequeño Cottolengo Don Orione y diversos centros terapéuticos, que alertaron sobre la imposibilidad de sostener la atención ante el reiterado atraso en la acreditación de fondos.
En sus fundamentos, el magistrado enfatizó que las "demoras crónicas" y la interrupción en la entrega de medicamentos constituyen una amenaza concreta para un colectivo de alta vulnerabilidad. "La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica", señala el texto del fallo, que también destacó el esfuerzo de las familias y los responsables del cuidado de las personas con discapacidad. La resolución sostiene, además, que el Estado nacional intentó "evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral", un señalamiento contundente que expone la gravedad del conflicto.
El impacto económico del desfinanciamiento quedó ejemplificado en el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione. Según consta en la causa, esta institución debió afrontar más de 41,5 millones de pesos en intereses ante el organismo recaudador por aportes y contribuciones a la seguridad social que no pudo pagar a tiempo debido a los atrasos en las transferencias estatales correspondientes a los tres primeros meses de 2026.
La medida cautelar dictada por el juez Vaca Narvaja tendrá una vigencia de seis meses o hasta que exista una sentencia firme, bajo apercibimiento de aplicar sanciones legales en caso de que los organismos nacionales incumplan lo ordenado. La decisión se enmarca en la vigencia de la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026, una norma que hasta ahora el Poder Ejecutivo mantuvo condicionada a la asignación de partidas presupuestarias por parte del Congreso.
La abogada Marta Lastra celebró la resolución aunque mostró su escepticismo sobre el cumplimiento efectivo de la orden. En declaraciones radiales, advirtió que existe la posibilidad de que las instituciones obligadas presenten recursos de apelación para dilatar los plazos, aunque remarcó que, en un estado de derecho, la decisión debería ser acatada sin más demoras. "Hay un ataque por parte del Poder Ejecutivo hacia la discapacidad", denunció la letrada, reflejando la percepción de un sector que desde hace meses viene denunciando un patrón de evasivas y desfinanciamiento.
La conflictividad en torno a los pagos del sistema de discapacidad no es nueva. Apenas un mes atrás, organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares de personas con condiciones de salud y los propios afectados se movilizaron frente al Ministerio de Economía para reclamar por las deudas acumuladas y exigir la plena implementación de la ley de emergencia. En esa oportunidad, los prestadores denunciaron atrasos que en algunos casos se remontaban a octubre del año anterior, una situación que, según advirtieron, ponía en riesgo la continuidad de los servicios para miles de personas en todo el país.
Ahora, con el plazo de 72 horas ya en marcha, la atención se centra en la respuesta que ofrezcan el PAMI y el Ministerio de Salud, cuya conducción está a cargo de Mario Lugones. El juez Vaca Narvaja, por su parte, fue claro en su advertencia: cualquier intento de dilación será considerado un incumplimiento de la medida cautelar y podrá derivar en las consecuencias legales correspondientes. En un contexto donde la credibilidad del sistema de protección a la discapacidad está en entredicho, la decisión judicial se convierte en un test sobre la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos a sus ciudadanos más vulnerables.
- SECCIÓN
- Judiciales
MAS NOTAS
.gif)
COMENTARIOS