El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4.239% en compras de insumos para personas con discapacidad

En un análisis comparativo de facturas emitidas al Estado, las autoridades sanitarias identificaron desvíos de precios que oscilan habitualmente entre el 300% y el 1.000%, aunque en casos puntuales las brechas resultaron mucho más elevadas. El ejemplo más extremo corresponde a la compra de un andador, donde el monto facturado superó en un 4.239% el valor de referencia de mercado para un equipo de características similares.



El relevamiento también detectó sobreprecios significativos en sillas de ruedas, con incrementos que alcanzaron el 2.000% en varios registros. Una operación específica mostró el pago de 19 millones de pesos por una unidad, cuando el precio de referencia nacional rondaba los 1,28 millones. Situaciones análogas se repitieron con otros proveedores en insumos ortopédicos y prostéticos, según el documento oficial.

Otro caso destacado involucra un sistema de válvulas bicaval transcatéter, un insumo médico para procedimientos cardíacos. La Agencia abonó 425 millones de pesos en julio de 2025, mientras que el PAMI había adquirido el mismo producto meses antes por 124,2 millones, lo que representa un 242% más en el desembolso estatal.

El informe, elaborado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y fechado en abril, subraya que estas diferencias no se justifican por características técnicas adicionales ni por mejoras terapéuticas. Además, destaca conexiones societarias y familiares entre varios proveedores que habrían distorsionado la competencia y afectado el uso de fondos públicos. Se analizaron operaciones con seis empresas que en conjunto recibieron pagos por más de 18.100 millones de pesos, con Farma Salud concentrando la mayor parte.

Estas irregularidades se enmarcan en una investigación judicial en curso sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. Las contrataciones se realizaban a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), un mecanismo digital que, según la hipótesis de los investigadores, fue vulnerado para favorecer a un grupo reducido de oferentes mediante invitaciones selectivas y simulaciones de competencia.

El hallazgo del Ministerio de Salud se suma a las evidencias que ya tramita la Justicia, donde se analizan responsabilidades de exfuncionarios y empresarios. Fuentes oficiales indicaron que se trata de un informe de hallazgos preliminares que fue derivado por los canales institucionales correspondientes. Las empresas mencionadas no han emitido comentarios públicos hasta el momento sobre las conclusiones del documento.