Renunció Carlos Frugoni tras el escándalo por bienes no declarados en el exterior

La salida de Carlos Frugoni del Gobierno se concretó en medio de un escándalo por presuntas irregularidades patrimoniales que se volvió insostenible en pocos días. El ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía presentó su renuncia luego de que se hiciera público que no había declarado una serie de propiedades en Estados Unidos, lo que derivó en denuncias judiciales y cuestionamientos políticos.



Según reconstruyeron distintos medios, el funcionario había omitido incluir en sus declaraciones juradas al menos siete inmuebles ubicados en Miami y otras zonas de Florida, adquiridos en los últimos años a través de sociedades constituidas en el exterior. La situación generó sospechas sobre un posible incremento patrimonial no justificado y motivó presentaciones tanto en la Justicia federal como ante la Oficina Anticorrupción.

El caso se aceleró cuando el propio Frugoni reconoció públicamente la omisión y la atribuyó a un “error”, al tiempo que aseguró que avanzaría en la regularización de su situación fiscal. Sin embargo, el reconocimiento no alcanzó para frenar la crisis política. En el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, terminaron por aceptar su dimisión, aunque desde distintos sectores del oficialismo también deslizaron que se trató, en los hechos, de un desplazamiento.

Las investigaciones periodísticas también señalaron que, además de las propiedades, el exfuncionario no habría informado la existencia de sociedades comerciales vinculadas a esas inversiones inmobiliarias. Este punto amplió el alcance de las sospechas y reforzó las denuncias por posibles inconsistencias en sus declaraciones ante organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). 

Frugoni había llegado al área de Infraestructura tras desempeñarse en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la administración libertaria. Su caída se produce en un contexto más amplio de cuestionamientos a funcionarios del Gobierno por presuntos hechos de corrupción o irregularidades patrimoniales, lo que ha incrementado la presión política y mediática sobre la gestión.

El episodio reavivó el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la función pública, en particular respecto de la obligación de los funcionarios de declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si la omisión reconocida por el exfuncionario se trató de un error administrativo o si configura un delito.