Medios públicos porteños en disputa: el Gobierno avanza con la concesión y la oposición va a la Justicia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó su decisión de entregar a privados la gestión de sus tres medios públicos. A mediados de marzo, el Boletín Oficial publicó el pliego que habilita la concesión por un plazo de cinco años de las frecuencias AM 1110 Radio de la Ciudad, FM 92.7 La 2x4 y el Canal de la Ciudad. Según el documento, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la programación completa y abonar un canon total estimado en $645.225.000 por la señal de televisión y $73.740.000 por las radios, a lo largo de todo el contrato. A cambio, el Estado porteño se desprende de la operación diaria y solo exige que el 30% de la grilla se destine a contenidos institucionales y de interés público.



El jefe de Gobierno, Jorge Macri, justificó la iniciativa como parte de un plan de “eficiencia y ahorro”. Sostuvo que no tiene sentido utilizar recursos de los contribuyentes para financiar actividades que, a su criterio, el sector privado puede desarrollar sin costo para los vecinos. El anuncio se conoció después de que el Ejecutivo evaluara durante semanas el impacto político de la medida y frenara momentáneamente la publicación de los pliegos para debatirla puertas adentro. Finalmente, el 16 de marzo se dio a conocer la decisión, que ya había generado cruces dentro de la propia coalición oficialista.

La reacción legislativa no tardó. La diputada Claudia Neira presentó un proyecto de ley para prohibir expresamente la concesión, mientras que la legisladora Graciana Peñafort analiza la vía judicial. El argumento central es el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad, que establece que la gestión de los servicios públicos de radio y televisión debe ser estatal y estar a cargo de un ente autárquico. A ese planteo se suma el artículo 44 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que considera falta grave la delegación de la explotación de licencias audiovisuales a terceros. Peñafort advirtió que, de concretarse la concesión, la autoridad de aplicación podría revocar la autorización de los medios porteños.

Desde los bloques políticos, el panorama es heterogéneo. El oficialismo porteño, con 11 bancas, respalda la iniciativa. La Libertad Avanza mira con simpatía la reducción del Estado, aunque admite dudas jurídicas si no hay una reforma constitucional previa. La UCR/Evolución y los espacios ligados a Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña todavía no definieron una postura unificada.

El conflicto involucra a unos 500 trabajadores distribuidos entre la Once Diez, con casi cien años de historia, la 2x4, especializada en tango desde hace 25 años, y el Canal de la Ciudad, creado en 2003. La Asamblea de Trabajadorxs de Medios Públicos denunció que la licitación implica una “privatización encubierta” que pone en riesgo fuentes de empleo y el derecho a la información. En conferencia de prensa en la Legislatura, referentes de la CTA, SiPreBA y FATPREN anunciaron un plan de lucha y remarcaron que los medios públicos no pueden regirse por criterios de rentabilidad porque su función es garantizar pluralismo y diversidad cultural.

El Ejecutivo ya fijó fecha para la apertura de sobres con las ofertas: será el 12 de mayo. Hasta entonces, los opositores al proyecto buscan que la Justicia intervenga. La discusión no es solo presupuestaria; en el fondo, se debate qué rol debe cumplir el Estado en la comunicación pública y si puede delegar por completo la gestión de señales que, por mandato constitucional y legal, nacieron bajo administración estatal.