La Ciudad aprobó la ley que regula el ejercicio de los profesionales en higiene y seguridad laboral

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 6912, que regula el ejercicio profesional de los especialistas en higiene y seguridad laboral, marcando un hito en el ordenamiento de esta actividad en el ámbito porteño. Con esta decisión, La Ciudad se suma a una tendencia ya adoptada por 14 provincias, orientada a mejorar los estándares de prevención y reducir la informalidad en un sector estratégico.

La norma contó con el acompañamiento del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y se enmarca dentro de la agenda de gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Sin embargo, desde el sector profesional destacan que la sanción responde a un reclamo histórico sobre la necesidad de reglas claras que garanticen la competencia técnica, responsabilidad profesional y mecanismos efectivos de control.

El proyecto fue impulsado en la Legislatura por la diputada Paola Michielotto y recibió el respaldo de entidades representativas, como la Cámara Argentina de la Seguridad (CAS). Desde las cámaras empresarias subrayan que la matriculación obligatoria no solo jerarquiza la profesión, sino que también eleva la calidad de los servicios, reduce prácticas irregulares y brinda mayor previsibilidad a las empresas que contratan prestaciones técnicas especializadas.

La Ley 6912 se apoya en tres pilares centrales: la obligatoriedad de la matrícula profesional, la supervisión ética del ejercicio y la formación continua. Entre sus principales disposiciones, la norma crea un registro obligatorio para el ejercicio en la Ciudad, fija requisitos de titulación y capacitación, y habilita a la autoridad competente a fiscalizar, supervisar y sancionar incumplimientos. Asimismo, promueve la actualización permanente de conocimientos como condición para el ejercicio profesional.

La regulación porteña se inscribe en un contexto federal más amplio y dialoga con la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587), que establece el marco general para la protección de la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores en todo el país. En ese sentido, la experiencia de otras jurisdicciones muestra que la colegiatura contribuye a reducir irregularidades y a elevar los estándares de prevención y control. Tapia ya había trabajado en esta línea durante su gestión en la provincia de Buenos Aires, donde en 2018 acompañó la sanción de la Ley 15.105, antecedente que sirvió de inspiración para el modelo adoptado ahora en la Ciudad.