El ejecutivo porteño vetó leyes vinculadas a la niñez, adolescencia y seguridad

El ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires vetó leyes sancionadas en la legislatura local que están vinculadas a la niñez, adolescencia, seguridad y salud mental. Las decisiones quedaron oficializadas en el Boletín Oficial de este lunes y fueron fundamentadas en objeciones técnicas, operativas, presupuestarias y formales.

En primera instancia, desde el GCBA decidieron aplicar un veto total a los “Puntos de Encuentro Seguros” para niñas, niños y adolescentes. Mediante el Decreto 508/25, el Ejecutivo vetó de forma total la Ley 6.907, que proponía la creación de Puntos de Encuentro Seguros en estaciones de subte y centros de trasbordo, con dispositivos de contacto directo con la Línea 102, destinada a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Según el Gobierno porteño, la instalación de estos espacios en ámbitos de alta circulación, ruido y videovigilancia obligatoria contradice los principios de confidencialidad y resguardo de la identidad que la propia norma buscaba garantizar. Además, se advirtió el riesgo de un uso indiscriminado del canal 102 para consultas ajenas a su objetivo específico, lo que podría afectar su funcionamiento como política pública especializada.

Por otra parte, el poder que conduce Jorge Macri vetó de manera parcial al estudio epidemiológico de salud mental. A través del Decreto 508/25, el Ejecutivo resolvió vetar parcialmente la Ley 6.880, que disponía la realización de un estudio epidemiológico extraordinario de salud mental en la Ciudad.

En este caso, fueron objetados los artículos que creaban una Comisión Especial externa al sistema público de salud y que le asignaban funciones clave en el diseño, implementación y análisis del estudio. El Gobierno argumentó que esa estructura carecía de una unidad de comando epidemiológico, no contemplaba la intervención de un Comité de Ética y podía comprometer la protección de datos sensibles de salud, cuya custodia es indelegable del Estado.

Finalmente, el ejecutivo concretó un veto parcial a la ley de estándares para hogares convivenciales. Esta anulación de la ley sancionada en la legislatura local fue formalizada mediante el Decreto 509/25 y alcanzó parcialmente a la Ley 6.900, que establecía estándares de calidad del cuidado y condiciones de habitabilidad para los hogares de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.