La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo alertó por la crisis en el Poder Judicial

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su “preocupación institucional frente a la delicada situación que atraviesa el Poder Judicial de la Nación”, marcada por un número alto de vacantes en los fueros federal y nacional,y por la reducción presupuestaria prevista para el ejercicio 2026. “Ambos procesos, combinados, profundizan una fragilidad operativa que repercute directamente en los derechos de la ciudadanía”, advirtió la entidad.

Según el informe de octubre del Consejo de la Magistratura, actualmente existen 337 cargos vacantes sobre un total de 1.002, lo que implica que más de un tercio de la estructura judicial carece de cobertura efectiva. Del total, 176 vacantes corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Federal del Interior y 49 a la Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta situación afecta el funcionamiento cotidiano de juzgados, cámaras y tribunales orales, especialmente en jurisdicciones donde un único órgano concentra múltiples competencias. La falta de magistrados titulares genera demoras, sobrecargas y desigualdades territoriales en el acceso a la justicia, con mayor impacto en provincias del norte y sur del país.

Adémas, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales advirtió que el proyecto de Presupuesto 2026 “prevé una reducción del 8% en términos generales y del 74% en bienes de uso”, lo que impacta directamente en infraestructura edilicia, recursos tecnológicos y en condiciones básicas para avanzar con la modernización del servicio de justicia.

Para ADPRA, la combinación de vacantes prolongadas y restricciones presupuestarias constituye “un problema de gestión administrativa que afecta la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia”. También, prolonga la tramitación de causas civiles, penales, comerciales, ambientales y previsionales, y compromete la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y la consolidación del sistema acusatorio, cuya continuidad ya debió ser reprogramada. “Un Poder Judicial debilitado afecta de modo directo el ejercicio de derechos fundamentales”, señaló la asociación.

En ese sentido, la entidad reclamó que se acelere la cobertura de vacantes con prioridad en las jurisdicciones más comprometidas y que se revisen las previsiones presupuestarias para garantizar niveles mínimos de funcionamiento. Asimismo, pidió asegurar las condiciones materiales y tecnológicas indispensables para “sostener la accesibilidad, la eficiencia y la equidad territorial en la prestación del servicio de justicia”. “Es responsabilidad del Estado garantizar que todas las personas, sin distinción territorial o socioeconómica, cuenten con un sistema judicial operativo, confiable y plenamente accesible”, concluyó ADPRA.