El Gobierno anunció un aumento de hasta 35% en las prestaciones por discapacidad tras la presión de los prestadores

El Gobierno nacional dispuso un aumento de entre el 29,7% y el 35,4% en los aranceles del nomenclador de discapacidad, que determina los valores de referencia para los prestadores de servicios. La suba, que se aplicará en tres tramos entre octubre y diciembre, busca recomponer tarifas que permanecían prácticamente congeladas desde fines de 2024.

El ajuste fue dispuesto por el Ministerio de Salud, en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, tras una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La medida, formalizada a través de una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prevé una partida presupuestaria adicional para financiar el incremento durante el último trimestre del año.

El objetivo es “garantizar la continuidad y calidad de la atención”, en un contexto de creciente tensión con los prestadores, que desde principios de año advertían sobre la parálisis del sistema y el cierre de centros por falta de actualización tarifaria.

El nuevo aumento llega después de las elecciones legislativas y tras meses de reclamos de organizaciones y familias del sector. El último ajuste había sido de apenas 0,5% en diciembre de 2024, frente a una inflación acumulada que superó ampliamente esa cifra. La actualización se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, que fija los aranceles de referencia para internaciones, transporte especializado, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación. Entre los beneficiarios se encuentran profesionales, instituciones y centros de atención en todo el país.

Desde la ANDIS, conducida por Alejandro Vilches, afirmaron que la medida “recompone valores y restablece criterios de equidad”, aunque las organizaciones del sector consideran que el aumento “llega tarde y es insuficiente” frente al deterioro acumulado. El Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones habían reclamado un incremento del 70%, en línea con la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada este año.

El anuncio se produce en medio del cumplimiento de una orden judicial que obligó al Gobierno a restablecer más de 119 mil pensiones no contributivas por discapacidad laboral, suspendidas durante los últimos meses. La Justicia Federal de Catamarca había advertido que las bajas carecían de sustento legal y debían revertirse en un plazo de 24 horas.

Aunque representa un alivio parcial, no resuelve los problemas estructurales del sistema ni garantiza la actualización automática de los aranceles frente a la inflación. La resolución con los nuevos valores será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas.