El Gobierno anuló la ejecución de la Ley Emergencia en Discapacidad hasta definir cómo lo financiará

El Poder Ejecutivo formalizó la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2026, pero frenó su aplicación hasta que el Congreso precise cómo se cubrirán los costos y disponga los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional. La Casa Rosada argumenta que la norma implica un fuerte impacto fiscal que hoy no puede afrontar.
 
El decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, oficializó la promulgación, aunque dejó en claro que la vigencia queda supeditada a la definición de una fuente de recursos. “El Parlamento omitió señalar de manera precisa de dónde saldrán los fondos y la facultad de reasignar partidas del jefe de Gabinete no constituye una fuente concreta, específica ni suficiente”, sostiene el texto.
 
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado la decisión la semana pasada y explicó que la reglamentación deberá definir la forma de implementación. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos”, dijo, y planteó que antes de habilitar nuevas pensiones “resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”.
 
Según los cálculos oficiales, la creación de una nueva pensión demandaría $2,16 billones durante 2025 —equivalente al 0,26 % del PBI— y un adicional de $4,70 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A ese gasto se suman $574.200 millones en 2025 y $1,23 billones en 2026 por el Programa Incluir Salud, más $278.323 millones en compensaciones extraordinarias a prestadores. En total, el desembolso ascendería a $3,01 billones, un 0,35 % del PBI.
 
El Gobierno recordó que el presupuesto vigente “no cuenta con los créditos suficientes para cubrir su aplicación” y que incluso reasignando recursos de los tres poderes del Estado los fondos quedarían por debajo de lo requerido. Por eso invocó los artículos 38 de la Ley 24.156 y 5 de la Ley 24.629, que exigen especificar la fuente de financiamiento en toda norma que implique mayores erogaciones.
 
En paralelo, a través de la Decisión Administrativa 24/2025, la administración nacional dispuso una readecuación de partidas para reforzar desde octubre las prestaciones a personas con discapacidad. La medida incrementa los recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y reduce créditos de la Jurisdicción 91 para atender gastos urgentes, aunque el Ejecutivo remarcó que la ejecución plena de la nueva ley seguirá suspendida hasta que el Congreso establezca cómo se financiará.