En un dictamen elevado al juez Julián Ercolini, el fiscal federal Ramiro González señaló que se trató de una “investigación compleja” y que la acusación se apoya en hechos ocurridos en una “relación asimétrica de poder” desde 2016, según indicaron fuentes judiciales. El expediente ubica los episodios en el vínculo entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez.
La fiscalía describió una “violencia sistemática” hacia Yáñez, enumerada como “acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, todo en una “especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada”.
Ercolini dará ahora vista a la defensa y luego resolverá si sortea un tribunal oral. De avanzar, Fernández llegaría a debate procesado por lesiones leves y graves, agravadas por mediar un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas. La Cámara Federal porteña confirmó el encuadre y las medidas adoptadas en el tramo de instrucción.
La acusación sostiene que durante su paso por la Presidencia el ex mandatario ejerció “violencia sistemática” con “progresivo aislamiento en la residencia de Olivos”. La causa tomó impulso a partir de conversaciones extraídas del teléfono de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, que incluyeron fotos y mensajes enviados por la propia Yáñez con moretones. En paralelo, el ex presidente está procesado en la Causa Seguros por un Decreto que habilitó la intermediación de brokers en pólizas para organismos públicos, expediente que se encuentra en apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
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