- Política
- 17.07.2025
CIUDAD
La Justicia decidió suspender el el cierre de Vialidad Nacional que había decretado Milei
Una jueza aceptó el planteo de un gremio, consideró que se ponía en riesgo la estabilidad laboral de los empleados y suspendió por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional.
La jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns dio un duro golpe al gobierno de Javier Milei al suspender el decreto 461 que el presidente de la Nación dictó el 8 de julio pasado y con el cual disolvió la Dirección Nacional de Vialidad.
La decisión es la respuesta a un recurso de amparo presentado ante la Justicia por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, en el cual solicitada que se declarara inconstitucional el decreto firmado por Milei en el Boletín Oficial el 7 de julio.
La medida del gremio, que contó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, busca "la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25".
La magistrada le ordenó al Poder Ejecutivo a través de una resolución “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad“.
La medida busca impugnar el decreto 461/2025 por el cual se disolvió esa Dirección Nacional. Alegan que viola derechos laborales y que el Ejecutivo no tiene la potestad para tomar la medida.
Según el argumento de la presentación, el decreto es considerado inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales”. El objetivo central es preservar el organismo que ostenta más de 93 años de historia y tiene presencia con más de 5 mil empleados en toda la Argentina, octavo país del mundo en extensión territorial.
La presentación sindical ante la Justicia se produjo luego del anuncio realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni sobre el cierre de Vialidad Nacional, que luego fue oficializado en el Boletín Oficial. "Este organismo se inventó para simplificar la corrupción", advirtió el funcionario en una conferencia de prensa en la Casa Rosada el 7 de julio.
Adorni señaló que "el Gobierno dará la apertura de la licitación de 9.120 kilómetros de ruta, que tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país".
Con el patrocinio de Barcesat y Valmaggia, el escrito radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº23, a cargo de Marta Rey reclama “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que se valió Milei para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.
La DNV tiene en total 5.245 empleados. El amparo reclama que, en caso de sostenerse el cierre del organismo, los trabajadores/as sean absorbidos por otras reparticiones con los mismo derechos, condiciones, antigüedad y beneficios. En tanto, la medida cautelar de no innovar busca que mientras avance el expediente judicial se garantice el cobro de los salarios y la continuidad laboral.
Entre los argumentos, los demandantes aseguran que la ley Bases y las facultades delegadas no le dieron la potestad al Poder Ejecutivo de disolver entes como Vialidad Nacional. Es porque el Artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo en algunas excepciones y por un límite determinado de tiempo. De esta manera, afirman que la eliminación de la DNV, que es autárquica y creada por ley, no puede ser vía decreto ni por facultades delegadas.
La decisión es la respuesta a un recurso de amparo presentado ante la Justicia por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, en el cual solicitada que se declarara inconstitucional el decreto firmado por Milei en el Boletín Oficial el 7 de julio.
La medida del gremio, que contó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, busca "la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25".
La magistrada le ordenó al Poder Ejecutivo a través de una resolución “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad“.
La medida busca impugnar el decreto 461/2025 por el cual se disolvió esa Dirección Nacional. Alegan que viola derechos laborales y que el Ejecutivo no tiene la potestad para tomar la medida.
Según el argumento de la presentación, el decreto es considerado inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales”. El objetivo central es preservar el organismo que ostenta más de 93 años de historia y tiene presencia con más de 5 mil empleados en toda la Argentina, octavo país del mundo en extensión territorial.
La presentación sindical ante la Justicia se produjo luego del anuncio realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni sobre el cierre de Vialidad Nacional, que luego fue oficializado en el Boletín Oficial. "Este organismo se inventó para simplificar la corrupción", advirtió el funcionario en una conferencia de prensa en la Casa Rosada el 7 de julio.
Adorni señaló que "el Gobierno dará la apertura de la licitación de 9.120 kilómetros de ruta, que tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país".
Con el patrocinio de Barcesat y Valmaggia, el escrito radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº23, a cargo de Marta Rey reclama “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que se valió Milei para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.
La DNV tiene en total 5.245 empleados. El amparo reclama que, en caso de sostenerse el cierre del organismo, los trabajadores/as sean absorbidos por otras reparticiones con los mismo derechos, condiciones, antigüedad y beneficios. En tanto, la medida cautelar de no innovar busca que mientras avance el expediente judicial se garantice el cobro de los salarios y la continuidad laboral.
Entre los argumentos, los demandantes aseguran que la ley Bases y las facultades delegadas no le dieron la potestad al Poder Ejecutivo de disolver entes como Vialidad Nacional. Es porque el Artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo en algunas excepciones y por un límite determinado de tiempo. De esta manera, afirman que la eliminación de la DNV, que es autárquica y creada por ley, no puede ser vía decreto ni por facultades delegadas.
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