La oposición pide auditar el servicio de acarreo porteño ante la estatización del GCBA

Las constantes denuncias de la oposición e incluso los reclamos de los propios espacios que forman parte de Juntos por el Cambio por fuera de las filas del PRO, tuvieron un efecto inmediato en el Gobierno porteño respecto al control del sistema de acarreo de autos.
 
Luego de casi dos décadas de que el servicio estuviera en manos de las mismas dos empresas con contratos vencidos, ahora la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se hará cargo del sistema hasta que se logre llegar a un acuerdo por una nueva concesión.
 
“Es un logro de la oposición que constituyendo el #FrenteAntiGrúas puso sobre la mesa este negociado que recauda a expensas de los contribuyentes. Esperamos un sistema de tránsito que priorice el derecho a la circulación y no el lucro de unos vivos”, había señalado en sus redes el legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, cuando se anunció la decisión.
 
Ahora, legisladores y legisladoras del "Frente Anti-Grúas" (conformado por Frente de Todos, la Izquierda, Consenso Federal y Libertad Avanza) le solicitaron al Ejecutivo que se establezcan mecanismos de auditoría y seguimiento del servicio público.
 
En una nota dirigida a Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad, pidieron conformar la “Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (pendiente desde 2009 según lo establecido en los artículos 13°; 14° y 15° de la Ley 3060), según consignó El Destape.
 
“Los bloques de la oposición presentamos una nota exigiendo al Vicepresidente de la Legislatura porteña una auditoría del servicio de acarreo de CABA y la constitución de la comisión de seguimiento a AUSA. Finalizó la concesión fraudulenta, queremos transparencia en el nuevo servicio de grúas”, informó el legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés.
 
El objetivo es controlar y garantizar la transparencia en el servicio de acarreo de vehículos que realizará la empresa AUSA. Exigieron que la Auditoría General de la Ciudad realice un informe exhaustivo sobre el trabajo que las empresas Dakota y BRD realizaron durante estos 31 años de concesión, incluyendo detalles de corte de servicio con inventario recibido por la Ciudad y estudio de costos.
 
"La medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad surge de la fuerte presión opositora y de la indignación de la ciudadanía generada por el irrisorio cánon de $55.000 mensuales que abonaban las empresas DAKOTA y BRD, que operaban de manera irregular hace más de 20 años", expresaron desde el Frente de Todos.