COMUNA 12

Un edificio en Saavedra está abandonado hace 36 años luego de un trágico incendio

Los vecinos lo llaman el Elefante Azul, existe una trágica historia detrás del imponente edificio abandonado en el barrio de Saavedra luego de un incendio que ocurrió en abril de 1985.


El 26 de abril de 1985 se incendió la clínica neuropsiquiátrica Saint Emilien, ubicada en Crisólogo Larralde entre Estomba y Naón, en el barrio de Saavedra. Fue considerado el más trágico de la historia en nuestro país hasta la tragedia del boliche Cromañón, en 2004. En el inmueble, que aún conserva la fachada y los colores de entonces con pinceladas de óxido, murieron 78 personas entre pacientes y enfermeros.
 
Delia León vivía frente al edificio, junto a su madre vieron las llamas que envolvían al inmueble. Pasaron 36 años y Delia no puede olvidar la imagen de personas que saltaban desde las ventanas envueltas en frazadas o colchones para escapar del fuego ni el ruido del impacto de los cuerpos contra el piso. Los cuerpos, recuerda Delia a La Nación, se apilaban en la vereda y las calles mientras bomberos, ambulancias y policías se sumaban al operativo de rescate.
 
El edificio está abandonado desde entonces y no pasa desapercibido. Los vecinos lo llaman el Elefante Azul a este inmueble de seis pisos que estuvo intrusado durante varios años y con riesgo de inundación en los subsuelos, aún no tiene un destino. La imagen que se ve desde la calle es de una frondosa maleza que crece en los patios externos.
 
El viernes 26 de abril de 1985 a las 21.15 horas el fuego alcanzó todos los pisos del edificio donde había 410 personas internadas. “A los heridos y a los muertos los ponían sobre la vereda”, dice Delia de 87 años.
 
Jorge Pérez era un chico de 8 años, pero recuerda todos los detalles. La noche del incendio había salido a jugar a la pelota con algunos amigos del barrio. Algo llamó la atención del grupo: el humo que salía de las ventanas de la mole. “Mi vieja cruzó y le avisó al recepcionista que se estaba incendiando el lugar. Nadie se había dado cuenta, le habían dado de cenar a los internos y no se habían enterado”, comenta a La Nación.
 
“Cuando llegaron los bomberos, ya era tarde, porque el lugar no tenía escaleras de incendio, los matafuegos estaban descargados y las llamas habían tomado los pisos superiores. Recuerdo que la gente salía desorientada, perdida, escapando de las llamas. Había pacientes sentados en los escalones de casa”, cuenta Jorge.
 
La mayoría de las personas alojadas en el lugar recibía sedantes como parte de su tratamiento, por lo que a la hora del incendio muchos estaban durmiendo y tuvieron menos chances de huir. Como agravante, las habitaciones estaban cerradas o con barrotes, al igual que las ventanas, lo que provocó que la víctimas murieran calcinadas o por asfixia.
 
Los bomberos lograron ingresar al lugar pasada la medianoche, una vez controlado el siniestro. Recién en las primeras horas del sábado 27 de abril pudieron retirar los cadáveres. Los heridos habían sido enviados al Instituto del Quemado y a diferentes hospitales de la Ciudad, mientras que el resto de los internos había sido derivado a otros establecimientos.
 
Los primeros indicios de la investigación judicial apuntaban a un incendio intencional originado por uno de los pacientes, pero la hipótesis nunca pudo comprobarse. La causa para hallar a los responsables de la tragedia por acción u omisión quedó prescripta y nadie fue condenado por el caso. Hubo algunas demandas civiles que sí prosperaron y algunas indemnizaciones de la clínica, del gobierno local y de obras sociales.
 
En 1999 el entonces juez civil y comercial federal Raúl Tettamanti halló culpables a los directores de la Clínica Saint Emilien, la Obra Social para el Personal de los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social y la ex municipalidad de Buenos Aires por la muerte de Susana Escasany, empleada del PAMI de 57 años, una de las 78 víctimas. La Justicia reconoció así una indemnización de 200.000 pesos a los tres hijos de la mujer, 14 años después.
 
Según el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, el incendio se debió a notorias deficiencias edilicias en las instalaciones de la clínica. Se probó que faltaba ventilación en el subsuelo, había poca iluminación y exceso de camas. “La ex Municipalidad no ejerció adecuadamente el poder de policía porque omitió clausurar la clínica días antes del incendio, tal como sugirió un informe”, consignaba la sentencia.
 
El edificio quedó vacío. “Siempre me venían a buscar para que ponga en marcha la bomba que desagotaba el agua de los subsuelos. El lugar estuvo cerrado muchos años después de lo que pasó. Volvió a abrir como una clínica de rehabilitación de adictos, trabajó un tiempo, pero cerró porque jamás se hicieron las reformas que debían. Eran más empleados que internos. El lugar estaba quemado en todo sentido”, agrega Pérez.
 
La abuela de Pablo Casal vivía frente al Elefante Azul cuando ocurrió el incendio, ella le contó la historia de lo que sucedió allí en abril de 1985. Lo que puede relatar Pablo es lo que ocurre hoy con el predio y lo que significa para el barrio. “Es un basural, con gente que entra y sale, un peligro. Adentro hay basura, ratas, gatos muertos y hasta gente que entra a vender droga”, dice a La Nación.
 
Los vecinos juntaron firmas y solicitaron la limpieza del lugar que se concretó hace algunos años, aunque hoy el lugar tiene el mismo estado de abandono que antes. “Llegamos por denuncias enviadas a la Comuna. Hicimos un procedimiento de baldío para limpiar ramas, cortar malezas y árboles que significaban un peligro. Quedó el terreno limpio, había basura de todo tipo”, explica a La Nación Gabriel Borges, presidente de la Comuna 12, sobre el operativo que se realizó en 2019.
 
La resolución 446 del Gobierno de la Ciudad establece el “procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos o casas abandonadas en las comunas” y, de acuerdo a esta norma, fue que se actuó en el edificio de Saavedra. La Comuna emitió edictos dirigidos a los propietarios del inmueble y, al no recibir respuesta, seis meses después, procedió con el operativo.
 
“Encontramos un caño roto y los subsuelos inundados. Con bombas de achique sacamos el agua y limpiamos el sótano. La guardia de auxilio determinó que no había riesgo de derrumbe y, desde ese día, no tuvimos más denuncias”, responde Borges.
 


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