La Justicia ordenó al GCBA suspender el funcionamiento de Rappi, Glovo y Pedidos Ya

Las aplicaciones Rappi, Glovo y Pedidos Ya están en el ojo de la tormenta hace unos meses debido a las denuncias de sus trabajadores, ahora la Justicia porteña se suma al reclamo y ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prohibir de “forma inmediata” el funcionamiento de las tres palicacions. Sucede que ninguna cumple con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Código de Transporte, que afectan principalmente a los repartidores.

Un relavamiento indicó que casi el 80 por ciento de los trabajadores circula con la caja de delivery cargada en la espalda, cuando debería estar sujeta a la moto o bicicleta, el 70 por ciento no cuenta con ningún tipo de seguro y más de la mitad no usa casco. En el fallo se remarcó que la responsabilidad es de las empresas y no de los repartidores que muchas veces son multados por los agentes de tránsito por este tipo de faltas.

“Vemos con buenos ojos el fallo pero nos preocupa que las plataformas descarguen estas obligaciones con más costos sobre los trabajadores”, resaltaron desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP). Con la firma del juez Andrés Gallardo se determinó la prohibición de la actividad de las plataformas de mensajería y reparto de alimentos hasta que las empresas no garanticen las condiciones de seguridad de los trabajadores. Quien debería ejecutar la orden es el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Transporte o de Trabajo.

Para el juez las empresas deben garantizar que los repartidores circulen con casco, que la caja portaobjetos esté correctamente colocada, que tanto las bicis como las motos tengan luces y bandas refractarias y que los conductores circulen con seguro de vida y accidentes.

Gallardo también solicitó que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat ejecute un “plan de contingencia económica y social” para compensar la reducción del ingreso de los repartidores mientras dure la prohibición del servicio. Sin embargo, desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP), sindicato formado para defender los derechos laborales de los repartidores de las apps, tomaron el fallo con cautela. Si bien festejan que la Justicia descargue la responsabilidad en las empresas, les preocupa que las plataformas descarguen a su vez esta carga en los trabajadores con mayores gastos u obstáculos para trabajar.

“Es importantísimo que el fallo descargue todo el peso de la ley sobre las plataformas pero el problema es que en la calle las multas recaen sobre los trabajadores. La Policía para a los repartidores como si fueran motochorros”, explicó a Página/12 Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y representante de APP. Y agregó: “Los repartidores en bici deberían tener por ejemplo un seguro de riesgos contra terceros y ART pero la plataforma los obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil”.

Además, recordaron que hace dos semanas, la Justicia le ordenó a Rappi reincorporar a un grupo de trabajadores que habían sido “bloqueados” después de denunciar la precariedad de su situación laboral pero la empresa no revirtió la decisión. “No son muy afectos a cumplir órdenes judiciales y la Ciudad ya demostró no tener los medios para impedir el funcionamiento de una aplicación”, remarcó el abogado, que puso de ejemplo la situación de Uber, que a pesar de varios fallos en su contra sigue operando con normalidad.

“Impedir que funcione una aplicación requiere intervenir internet y eso supone otras medidas… Entonces el Gobierno saca a los policías y agentes de tránsito para multar a los trabajadores por el incumplimiento de su empleador pero no persigue al empleador. Los choferes y repartidores son los que soportan el precio de la prohibición y las sanciones”, finalizó el abogado laboralista.