A cinco años de Iron Mountain, los familiares piden que no los "saquen" de la causa

El 5 de febrero de 2014 a las 8.15 las llamas plagaron el depósito de la calle Azara 1245. Cinco años después, la causa por el incendio en los galpones de la empresa Iron Mountain no avanza. Así lo denuncian los familiares de las 10 personas que aquel día perdieron la vida. 

En la actualidad, están procesados 12 exfuncionarios porteños y cinco directivos de la empresa. No hay fecha de elevación a juicio oral y los familiares esperan la respuesta de la Cámara de Casación, que resolverá si otros familiares pueden o no formar parte de la querella. “Hay vínculos con el poder que traban la investigación”, aseguró en declaraciones al diario Clarín Rolando Monticelli, papá de Juan Matías, bombero de la Policía Federal, que falleció ese día.

Entre los argumentos de los allegados a las víctimas está la lentitud durante todo el proceso. A modo de ejemplo, un año después del hecho aún no estaban los peritajes completos.

El avance más importante se dio recién en 2018 cuando el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 18, Pablo Ormaechea, a cargo de la instrucción, procesó sin prisión preventiva a los funcionarios y miembros de Iron Mountain por "incendio culposo seguido de muerte" y determinó embargos que oscilan entre $ 7.000.000 y los $ 20.000.000.

Entre los implicados hay nombre polémicos. Vanesa Berkowsky es una de ellos. Fue directora general de Fiscalización y Control de la Ciudad y que ya había sido procesada por el derrumbe en el boliche Beara, de Palermo, que en septiembre de 2010 provocó la muerte de dos chicas.

El juez también acusó a Luis Alberto Cogo, quien en el momento del incendio era el jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; a Roberto José Chiesa, exdirector de Industrias y otros Locales; a Silvia Miriam Hers, exjefa del Departamento de Programación Operativa; a Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, exresponsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa, y a Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control.

Por Iron Mountain están procesados Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general en febrero de 2014; Eduardo Alfredo Sueyras, director de Seguridad e Higiene para América Latina; y Héctor Eduardo García, jefe de Seguridad e Higiene. Este año, la Cámara de Casación Penal deberá pronunciarse sobre un recurso para que la causa no se derrumbe de manera definitiva.

La apelación va contra un fallo de la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que privó a los parientes de los bomberos y personal de Defensa Civil fallecidos de avanzar en las querellas contra los funcionarios del gobierno porteño y de la empresa multinacional estadounidense, según detalló el diario Página 12. 

“Es nuestra última esperanza. Nos quieren sacar de la causa porque las familias cobraron una indemnización que no llegó ni a 500 mil pesos por muerte. Es una vergüenza”, explica el abogado Miguel Arce Aggeo a ese medio. 

Este martes se realizó un acto de Bomberos de la Policía Federal para recordar a los muertos: cuatro integrantes de esa fuerza, junto a otros dos voluntarios del cuartel Vuelta de Rocha, de La Boca. Las otras dos víctimas fueron rescatistas de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad.