DECLARACIONES

"Se trata de una decisión inconstitucional y absolutamente misógina y patriarcal”

El abogado Andrés Gil Domínguez fue uno de los que presentó los pedidos de inconstitucionalidad del protocolo de 2012, revalidado ahora por el Tribunal Superior de Justicia porteño. “Con esta decisión se vuelve a la época de las cavernas”, advirtió.



El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, junto a la exlegisladora María Rachid, uno de los que presentaron los pedidos de inconstitucionalidad del protocolo para la realización de abortos en hospitales públicos porteños elaborado en 2012 y revalidado ahora por un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad. Advirtió que la medida es “una decisión inconstitucional y absolutamente misógina y patriarcal” y anticipó que recurrirá a la Corte Suprema.

El protocolo había sido suspendido en varios artículos tras la presentación de diversos amparos. Pero el fallo del TSJ, emitido el 10 de octubre último, considera que los recursos de inconstitucionalidad fueron “mal concedidos” en primera instancia, porque las acciones de amparo no se basaban en un episodio concreto de una mujer violada, embarazada, que quiso abortar, y por el protocolo de Jorge Lemus no pudo hacerlo.

En diálogo con el diario Perfil, Gil Domínguez remarcó que "la decisión del Tribunal Superior de Justicia de restablecer este protocolo es totalmente contrario al fallo F.A.L. de la Corte Suprema; al Código Penal y a los tratados que tienen jerarquía constitucional. Por ejemplo, una mujer violada solamente puede acceder al aborto las primeras 12 semanas (de gestación), cuando el Código Penal no establece un plazo. O bien, una mujer que corre riesgo su vida, tiene que someterse a la revisión; aceptación y confirmación de un Comité Interdisciplinario y después, esto va a ser revisado por el director del hospital por lo cual puede dilatarse en el tiempo el pedir que la persona lleve a cabo un aborto".

Y agregó: "Por ejemplo, las adolescentes y mujeres discapacitadas necesitan contar con la anuencia de su representante, cuando ya el Código Civil cambió en 2015 y los tratados de Derechos Humanos presumen las capacidades de todas las personas. Las adolescentes de 14 años tienen que pedirles permiso a los padres para poder abortar, cuando el Código Civil establece que aquellas entre 14 y 16 años, en la medida de su desarrollo progresivo, se pueden tomar las decisiones que quieran en torno a la salud. Con esta decisión se vuelve a la época de las cavernas".

Gil Domínguez advirtió además que “lo terrible de esto es que ni el gobierno de Mauricio Macri (cuando ocupaba el cargo de jefe de Gobierno porteño), ni (Horacio) Rodríguez Larreta dictaron un nuevo protocolo, ni la Legislatura Porteña dictó una nueva ley, porque si lo hubieran hecho esta causa que llevamos con Rachid hubiese quedado abstracta. Ellos judicializaron y mantuvieron la judicialización y hoy estamos en esta situación. Nosotros obtuvimos una medida cautelar en primera instancia que cubrió todo este proceso y trabajamos muy bien en ese momento con el ministerio de Salud de la Ciudad; se estableció un protocolo judicial que cumplía con todos los parámetros del F.A.L y ahora eso se cae y se vuelve al protocolo".

El abogado constitucionalista afirmó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. "Ahora vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia. El único argumento que dio la mayoría de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, porque hubo tres jueces a favor y uno en contra, es que solamente esto lo puede plantear una mujer embarazada que corra peligro su vida/salud; o queda embaraza producto de una violación, que la aplicación de este protocolo le impida ejercer su derecho. Si el formalismo fuera un mar, los muchachos del TSJ hace rato estarían ahogados".

El letrado también cuestionó que el fallo salga en este contexto, con el reclamo por la legalización del aborto en plena vigencia. “La causa estuvo muerta tres años y ahora, dos meses después del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero que no logró la cantidad de votos en el Senado) la sacan. ¿Por qué no la sacaron antes?, y lo hacen ahora cuando todavía está el debate muy abierto, también esta decisión es un mensaje político del tribunal para el no respeto de aquello que rige desde 1921, lo que hacen es ir más atrás de lo de 1921".

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