Hoy se harán las audiencias públicas del Paseo del Bajo y la urbanización de Rodrigo Bueno

La Legislatura porteña retoma hoy su trabajo luego del receso por las vacaciones y empieza con todo. En tres días realizarán cinco audiencias públicas en las que se debatirá acerca de la urbanización de barrios precarios, la creación de un espacio verde en la Manzana 66 y normas urbanísticas para un corredor vial, entre otras cuestiones.

La maratón comienza hoy con dos leyes aprobadas en primera lectura como la reurbanización de los barrios Rodrigo Bueno y Playón Chacarita y los proyectos Paseo del Bajo y Catalinas Norte 2. Formarán parte de las audiencias la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana del Palacio Legislativo porteño, e intervendrá la comisión de Planeamiento Urbano de la misma Casa.

El cronograma de hoy comienza a las 13 cuando se tratará el proyecto de ley que aprueba el Convenio entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Transporte de la Nación referido a Catalinas Norte 2 y Paseo del Bajo.

Este convenio afecta un predio de más de 12 hectáreas delimitado por la avenida Antártida Argentina, calle San Martín, Av. Madero y la calle Cecilia Grierson; además habilita la venta de tierras para financiar las obras de un corredor vial de 6 kilómetros de extensión que conectará el Puerto de Buenos Aires y la Autopista Buenos Aires –La Plata con la Autopista Illia.

Luego, a las 15 se tratará la reurbanización e integración socio-urbana del Barrio Rodrigo Bueno. Se trata del instrumento marco para mediante una Mesa de Gestión Participativa desarrollar e integrar el barrio asentado desde la década de los 80.

Esta ley fue aprobada en primera lectura el diciembre pasado luego de que en los últimos diez años los vecinos mantuvieron una pelea judicial con el Gobierno de la Ciudad que terminó en agosto en el Tribunal Superior de Justicia, cuando el Ejecutivo cambió de postura y aceptó presentar una propuesta de urbanización.

“Con una ley la situación es muy distinta, ahora no nos pueden sacar, y hay otra responsabilidad del gobierno”, había dicho en su momento Marino Sosa, delegado de la villa.