Vecinos rechazan la instalación de una fábrica en Villa Ortúzar

El barrio de Villa Ortúzar es de casas bajas, calles arboladas, veredas anchas, y los adoquines resisten en varios tramos de su cuadrícula. Pero el proyecto de la panificadora Le Pein Quotidien de instalar su fábrica en la zona hace que los vecinos sientan amenazada esta tranquilidad.
                                                    
El inmueble en cuestión queda en Virrey del Pino 4050 y la idea de la empresa es abastecer con su producción a los 13 locales que hoy tiene la franquicia local de la compañía en la Ciudad de Buenos Aires.
 
"Según el Código de Planeamiento Urbano, el uso fabril no está permitido en la zonificación U28. Ya hemos presentado varias denuncias ante el Gobierno de la Ciudad y logramos que se realizara un pedido de informes al Poder Ejecutivo, que deberá expedirse la semana próxima. También en la casa matriz de la compañía, en Nueva York, recibieron nuestra tercera nota con respecto al tema", dijo a La Nación la arquitecta María Cobelo, de la Sociedad de Fomento de Belgrano R, zona que tiene uno de sus deslindes a escasas cuadras del emprendimiento.
 
La panificadora, consideró, "provocará un intenso movimiento de tránsito con sus camiones de carga y descarga; consumo de grandes volúmenes de electricidad, agua y gas sin saber si la infraestructura de la zona lo resiste; efluentes líquidos y gaseosos, además de los desechos sólidos; ruido y pérdida de valor de las propiedades cercanas".
 
Desde la Sociedad de Fomento, además, reclaman que la obra de ampliación del proyecto actual invade la línea de frente interno y excede otras normativas, como el factor de ocupación total (FOT) que -según la denuncia presentada por la arquitecta Cobelo- lo duplica. "En su página web, la compañía de origen belga se jacta de su responsabilidad social y de su compromiso con el medio ambiente, pero los vecinos del barrio entendemos que la instalación de una fábrica en una zona protegida como ésta va en contra de estos principios", sostuvo.
 
Federico Lantarón, uno de los socios de la representación de la firma en la Argentina, respondió a las acusaciones y aseguró que la empresa es respetuosa de la ley y de los vecinos. Y que no incumple con ninguno de los puntos antes mencionados.
 
La propiedad, según detalló Lantarón a La Nación, fue construida hace aproximadamente cien años y allí siempre funcionó una fábrica de panificados. "Inicialmente era de unos alemanes, luego de Bimbo y, finalmente, de Productos Coby, que es quien nos vendió a nosotros. La propiedad siempre tuvo habilitación como fábrica de panificados y nunca dejó de funcionar como tal, salvo en este período en que estamos haciendo refacciones para seguir operándola bajo la misma actividad", dijo.
 
Cristina Tomalino, que vive desde que nació en la misma casa, lindera medianera de por medio con la fábrica de la discordia. "Es cierto que siempre funcionó aquí una panificadora, pero donde antes había una chimenea ahora hay doce conductos de ventilación, y además están haciendo obras de ampliación, lo cual implica que la producción será mayor y los problemas que ocasiona, también", opinó a La Nación.
 
"La propiedad cuenta con habilitación vigente para ese destino desde 1944. Dicha habilitación ya se encuentra transferida a nuestro nombre. Asimismo, el inmueble tiene los planos aprobados con destino industrial en 1971. Es decir, que tanto la propiedad como su habilitación como fábrica de panificados es anterior a la sanción del código actual, que es de 1977. Como se sabe, las leyes en la Argentina siempre rigen para adelante y no retroactivamente. Por lo tanto, no sólo la nuestra sino todas las propiedades y habilitaciones de la ciudad se rigen por la ley vigente al momento de la habilitación. No con el código actual. Esto es importante para entender por qué la Sociedad de Fomento no tiene razón al decir que nuestra propiedad o la actividad de fábrica de panificados no está permitida", apuntó Lantarón.
 
En sintonía, desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, a cargo de Franco Moccia, respondieron a La Nación que tanto la habilitación del inmueble para su uso como los planos registrados cumplen con las normativas y no fueron objetados.

Con respecto al impacto ambiental, a los camiones y el movimiento de carga y descarga, el ruido y los desechos y efluentes, Lantarón señaló: "Los principales insumos son harina, agua y sal, y lo que sale de ahí es pan orgánico de masa madre que distribuimos a nuestros locales. No se generan efluentes importantes en el proceso. Además, ciertos sectores fueron insonorizados para evitar ruidos molestos y contamos con servicio de recolección de basura propio". Y agregó: "La planta de producción tampoco tendrá el impacto sobre el tránsito que la Sociedad de Fomento refiere. Pese a que no había obligación de hacerlo, hemos destinado parte del inmueble a playa de estacionamiento y carga y descarga, por lo que toda esa actividad se desarrollará dentro de la propiedad a puertas cerradas y no en la calle. No habrá vehículos en doble fila ni otros trastornos en el tránsito".