INFORME OFICIAL

Ministerio de Justicia advirtió sobre posible circulación de fondos del terrorismo

A partir de esta información crearían por decreto una "estrategia nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo".

Según el informe del Ministerio de Justicia, en nuestro país existen "severas vulnerabilidades frente a la amenaza que implica actualmente el sistema global de recolección y provisión de fondos orientados a cometer atentados terroristas". Y agrega: "Existen indicios de diverso alcance e importancia que permiten afirmar que hay una cierta posibilidad de circulación de activos asociados a la violencia terrorista".

El reporte fue elaborado por el equipo liderado por Juan Félix Marteau, el coordinador nacional de la oficina de Combate de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Allí se advirtió sobre un "desmantelamiento legislativo en materia de lucha contra el terrorismo" y se consideró que los "canales abiertos que pueden ser usados por grupos terroristas por su alto nivel de vulnerablidad".

Según transcendidos periodísticos, esta información derivaría en la creación –por decreto- de una "estrategia nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo". Estaríacoordinada con una unidad concentrada en el Ministerio de Justicia y contaría con el aporte de los ministerios, dependencias autónomas y el sector privado.

"Frente a la vulnerabilidad severa de los sistemas de financiamiento del terrorismo en la Argentina debemos actuar cuanto antes. No podemos esperar a que grupos terroristas sustenten económicamente en el país la capacitación de redes, la comunicación o el traslado de equipos y personal", señaló Marteau.

El funcionario señaló que no hay "constancia" de la existencia de fondos del terrorismo pero evaluó que "existe un sistema legal y financiero que lo permite perfectamente". El estudio sostiene que "la particularidad que presenta la financiación del terrorismo -a diferencia del lavado de activos- es que los fondos implicados no necesariamente provienen de un origen ilícito, sino que es su destino criminal el que termina generando su ilegitimidad".

Por ello, la tarea que plantearon Garavano y Marteau al Presidente apunta a identificar el movimiento de fondos cuyo objetivo sea dar sustento económico a actividades u organizaciones orientadas a producir "graves consecuencias para la integridad física de las personas" y, a la vez, "generar un alto impacto social, económico y político".

Se advirtió que hasta el momento "no se han promovido las reformas institucionales adecuadas para conocer, evaluar y controlar los circuitos clandestinos de fondos que pueden ser utilizados para la financiación de actos terroristas que puedan desarrollarse no sólo en el país, sino también en la región u otro lugar distante".

Además, se informó que "la Argentina carece de una norma para criminalizar al terrorista individual y la financiación de actos y grupos terroristas con independencia del fin perseguido". También se indicó que "no se conocen canales efectivos para facilitar el intercambio de información sobre actos y organizaciones terroristas y tampoco se ha demostrado la eficacia del sistema para resolver solicitudes de extradición".

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