Segura: “El gobierno porteño es responsable de la grave situación edilicia de las escuelas”

La Presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura, participó de la reunión sobre infraestructura escolar de la Comuna 13 convocada por la comunera Julieta Costa Díaz, en donde se informó sobre la situación presupuestaria del sector educativo y las obligaciones de las empresas encargadas del mantenimiento de las escuelas.

Estuvieron presentes en el evento Facundo Hernández de la Dirección de Niñez de la Defensoría General de la Ciudad, Verónica Zunino de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), autoridades escolares, docentes, miembros de cooperadoras y representantes de centros de estudiantes de escuelas públicas de la comuna.

“Estos encuentro son fundamentales para compartir información sobre las obligaciones que tienen las empresas que hacen mantenimiento en las escuelas de la ciudad, porque sabemos que hay muchos incumplimientos, las empresas se desentienden de sus obligaciones contractuales y el Ejecutivo porteño no realiza los controles correspondientes”, dijo Segura, quien agregó: “Abordar el problema de la infraestructura escolar necesita una mirada más general sobre cómo ha evolucionado el presupuesto en la ciudad que es lo que marca las prioridades de un gobierno".

En ese sentido, remarcó: "En el caso de Educación, vemos que su participación en el total del gasto ha ido decreciendo durante los ocho años de la gestión macrista; además, dentro del propio presupuesto educativo, la participación del gasto en infraestructura y mantenimiento desde 2011 se ha reducido a la mitad. Era el 2,1 en 2011: es 0,8 en 2016". Y añadio: "Hay un elemento más, que es la sistemática sub ejecución de la partidas destinadas a esta área. En los últimos ocho años el gobierno porteño no gastó por un total de 727 millones de pesos que estaban asignados y que no se ejecutaron”, cerró la funcionaria.


Sobre los incumplimientos de los contratistas, Segura dijo que la falta de sanciones a las empresas que no cumplen adecuadamente las tareas no solo redunda en una mala calidad del servicio, sino que permite que, una vez terminado el período de concesión, las mismas empresas puedan volver a presentarse en la nueva licitación.

“Es un sistema perverso en el que el Estado invierte cada vez menos recursos y controla poco y mal a las concesionarias. El resultado es que el dinero destinado termina convertido en rentabilidad para las empresas y no en mejoras, muchas veces impostergables, para las escuelas porteñas”, concluyó.