Se realizó una jornada sobre aborto en la Legislatura porteña

"Necesitamos que el Estado nos devuelva la soberanía sobre el cuerpo que nos expropió. La maternidad forzada es una cárcel para las mujeres”, afirmó Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y abogada de Belén, la mujer tucumana que estuvo presa más de dos años, tras sufrir un aborto espontáneo. Las declaraciones fueron en el marco de la jornada “Hablamos de aborto” que organizó ayer el diputado Pablo Ferreyra del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña.

De la misma participaron activitas, referentes de la cultura, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y distintos partidos políticos, como previa al Día por la Despenalización y Legalización del Aborto que se conmemora hoy.

Una de las más esperadas fue Deza,quien compartió el panel de "violencia institucional" con la abogada Luciana Sánchez, de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto, Fernanda Meques, de Las Casildas, una ong que trabaja contra la violencia obstétrica, y la militante kichnerista Victoria Montenegro. Deza reveló que en Santiago del Estero hay actualmente otras dos mujeres presas por aborto, detenidas en las últimas semanas.

Sobre el caso de Belén, la abogada tucumana explicó: “Para que una mujer haya estado 29 meses presa tiene que haber una triada que funciona bien aceitada, que consolida la violencia patriarcal desde las instituciones, conformada por operadores de la salud, que violan el secreto profesional para denunciar, la policía y el Poder Judicial”. Y aclaró que Belén no es la primera mujer en Tucumán, que es denunciada luego de sufrir un aborto espontáneo.



“Hay una cosmovisión moral en los hospitales que utiliza la estructura judicial para criminalizar a una mujer que sufre un aborto espontáneo”, indicó la abogada. Y relató que junto a un equipo de investigación realizaron una encuesta a 203 profesionales de cinco hospitales públicos de Tucumán, incluido el Avellaneda donde fue atendida y denunciada Belén, en los que se realiza atención gineco-obstétricas. Les propusieron medio centenar de prácticas médicas, para que las ordenaran, según cuál consideraban que era más violenta contra las mujeres: “La denuncia contra una mujer que llegaba con un aborto, la ubicaron en el lugar 32. Les pareció menos violento volverla convicta que rasurarle el pubis”, reveló Deza.

“Tres de cada 10 profesionales de la salud del Avellaneda le pusieron cero a la denuncia post aborto”, destacó la abogada, para mostrar cómo está naturalizada la violación del secreto médico y la criminalización de mujeres en situación de aborto.



“De cara al 28 de setiembre, el caso de Belén ha puesto al descubierto que el sistema penitenciario nos ocultó durante dos años una presa por aborto. Quedaron sin argumentos nuestros parlamentarios que decían que no había presas por aborto y que por eso no había que reformar la ley”, indicó Deza y reclamó que se abra el debate en el Congreso y se trate el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.