Patricia Bullrich, sobre los piquetes: "Les vamos a dar 5 minutos, se van o los sacamos"

La difusión de la norma surgió el mismo día en que distintas organizaciones sociales realizaron 200 piquetes para pedir la liberación de Milagro Sala, detenida en Jujuy por diversos delitos vinculados con el manejo fraudulento de fondos públicos. A partir de la entrada en vigencia de la norma, que en los próximos días será adecuada a cada fuerza de seguridad, el Estado tendrá la posibilidad de intervenir cada vez que un grupo de personas interrumpa el tránsito sin haber pedido autorización.

Bullrich explicó cómo será el proceder: "Les vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas, y se van o los sacamos". El protocolo autoriza a la fuerza interviniente en un corte de ruta a detener a las personas que se manifiesten con elementos contundentes, como palos o piedras. "No queremos palos ni capuchas", dijo Bullrich.

También, dependiendo de cada caso habilitará, que los oficiales porten sus armas reglamentarias. "Si usted tiene una persona a la que le van a quemar la casa, la primera fuerza en llegar es la Policía del barrio. Esos policías están armados. No pueden dejar las pistolas en el patrullero porque sería más peligroso. Además hay que proteger a la persona que está dentro de su casa y puede ser linchada", especificó Bullrich en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

En cambio, cuando se trate de una protesta organizada, como suele suceder en la autopista Panamericana, las primeras filas de las fuerzas de seguridad estarán equipadas con armas no letales y los oficiales serán instruidos para realizar un uso mínimo indispensable de la fuerza.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales (CELS) explicó: "Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad". "Limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta", aseguraron desde el organismo.

"El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles", explicaron.

Además, agregaron: "Este protocolo limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta" y aseguraron: "Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta".

En ese sentido, afirmaron que la nueva medida "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al "orden público" por encima de todo".