Avanza la investigación sobre la decana de Derecho de la UBA por administración fraudulenta

El fiscal federal Federico Delgado solicitó informes para determinar si la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mónica Pinto, y otros funcionarios de esa casa de altos estudios, cometieron irregularidades mediante el manejo de fondos que "administrarían de forma fraudulenta y para beneficio propio" tal como lo alertó una denuncia anónima.

Ante la posibilidad de estar "frente a la comisión de un delito de acción pública" el representante del ministerio público solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los informes mediante un dictamen de escasas dos carillas al que Télam tuvo acceso.

Entre las constancias que Delgado reclama figura "copia de todos los actos administrativos vinculados a todos los espacios comerciales que posee la Facultad de Derecho (permisos, concesiones, licitaciones, etc)". Ese pedido obedece a que la denuncia señalaba que se "administrarían de forma fraudulenta y para beneficio propio, varios de los negocios que se encuentran dentro de la facultad, tales como bares, kioscos, puestos de golosinas y fotocopiadoras".

Luego pidió que "se ordene una pericia jurídico-contable, a efectos de verificar: si existen trámites de licitación y cuál es su estado; la legalidad de las relaciones laborales implicadas en cada uno de los espacios comerciales; si se verifican las condiciones impuestas en los permisos precarios y/o concesiones y/o licitaciones; y principalmente, establecer el flujo del dinero -de dónde viene y hacia dónde va-".

La denuncia anónima recibida en la fiscalía incluía en la presunta maniobra, junto a Pinto, a Carlos Bedini, Secretario de Administración; Rodrigo Masini, Subsecretario de Administración; Miguel Muñoz, delegado gremial de la comisión interna de Derecho; y Hernán Safar, ntegrante de la comisión; a través de la Mutual para el Personal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

"Puntualmente se señalaron dos fotocopiadoras cuya explotación comercial, según la resolución 1431/10 fue asignada a la mutual de mención, pero la que en realidad sería manejada por Miguel Muñoz, para su propio interés y de los otros funcionarios Bedini y Mansini, quienes administran el dinero que se deposita en Tesorería. Por otro lado, se encuentra la confitería 'Bar de La Mutual', situada en el la Biblioteca Parlante, administrada y explotada de la misma manera, por Hernán Safar", transcribió Delgado.

La presentación añade que "a su habría 'carritos' donde venderían café y golosinas, ubicados tanto en la planta baja como en los otros pisos, explotados por otros trabajadores 'no docentes' los que pagarían un canon locativo de $ 1000 en Tesorería y $ 700 semanales a Miguel Muñoz, como 'tributo' para mantener funcionando esos carritos. Finalmente, denunció que La Mutual de la facultad no dispone de balances".