VIVIENDA

La Justicia ordenó al gobierno porteño tomar medidas en Villa Lugano

La jueza Liberatori ordenó que se adopten medidas de seguridad ante "la situación de extremo peligro" que existe en la Torre I de Villa Lugano.


La jueza porteña Elena Liberatori ordenó al gobierno de la Ciudad que adopte medidas de seguridad ante "la situación de extremo peligro" que, según un informe de Defensa Civil porteña, viven los habitantes de la Torre I de Villa Lugano por el riesgo existente a raíz de la deficiente instalación eléctrica y la ausencia de seguridad contra incendios.

La resolución de la magistrada surgió tras un recurso de amparo presentado por los vecinos que entre otras irregularidades denunciaron que las paredes del edificio, situado en Cafayate 5290, estaban electrificadas por la precaria instalación existente. La magistrada sostuvo que tras el relevamiento de Defensa Civil "se desprende que existe un riesgo eléctrico inminente" y que la Torre 1 de Lugano "no cuenta con medidas de seguridad contra incendios".

Según la respuesta que Defensa Civil le dio a la magistrada "la instalación eléctrica, cableado, llaves de luz y luminarias se encuentran fuera de toda normativa vigente" y que se observan "repetidas condiciones peligrosas que pueden terminar en un inminente accidente de consecuencias graves o fatales", además que "el edificio está desprovisto totalmente de matafuegos".

Los vecinos denunciaron a Télam, además, que muchos de ellos fueron a vivir a esa Torre y que tenía lo que se denomina "luz de obra" y que "nunca se cambió", mientras que el ascensor "no funciona hace dos años" en el edificio que tiene 22 pisos. Indicaron además que el inmueble, que posee 132 departamentos, está construido sobre un caño maestro de agua lo que le da poca sustentabilidad "y eso genera que cuando hay mucho viento se ladea para un costado".

Liberatori precisó que la Dirección de Defensa Civil describió "una situación de extremo peligro" por lo que convocó "a una mesa de trabajo integrada por el propietario a cargo del consorcio, la parte actora y sus abogados, la asesora tutelar Mabel López Oliva, la Procuración de la CABA y el Presidente del IVC, Emilio Basavilbaso o quien este designe, con facultades para tomar decisiones".


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